El Gobierno ha exigido a las comunidades autónomas que de forma unánime deleguen al Servicio Público de Empleo (SEPE) la competencia de gestionar el Plan Prepara de forma ilimitada para poder prorrogarlo, mientras diseña junto con los agentes sociales un nuevo marco de protección para las personas desempleadas.

Así lo ha asegurado la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, durante su intervención ante la Comisión de Empleo del Congreso, a la que ha acudido para explicar los planes del Ejecutivo para dar continuidad a este plan, caducado desde el pasado 16 de agosto.

Báñez se ha escudado en la falta de acuerdo entre sindicatos y patronal para no prorrogar a finales de julio este plan a través de un decreto ley que, ha asegurado, estaba redactado y listo para su aprobación «pero la falta de consenso hizo que no viera a la luz».

«Pese a la voluntad de acuerdo, no hubo consenso social a la renovación del Plan Prepara, que incorporaba otras mejoras», ha aseverado la ministra, que ha citado mejoras en el contrato relevo para jóvenes acogidos a la Garantía Juvenil, en los contratos en prácticas, a un nuevo «marco de calidad» para los contratos en prácticas no laborables y a la ayuda complementaria a los jóvenes de la Garantía Juvenil pactada con Ciudadanos y que correría a cargo de fondos comunitarios.

Además de la falta de acuerdo con los interlocutores sociales, Báñez ha citado la sentencia del Tribunal Constitucional, que cuestionaba la distribución de competencias, ya que el plan estaba gestionado por el Servicio Público de Empleo (SEPE) en lugar de las comunidades autónomas.

En este sentido, Báñez ha asegurado que este mismo martes su departamento ha remitido un borrador de acuerdo a las administraciones autonómicas para que éstas encomienden al SEPE la gestión del programa en una próxima conferencia sectorial, así como el decreto ley por el que el Ejecutivo prorrogaría el plan de ayudas a personas desempleadas de larga duración. «El Gobierno no va a dejar a nadie atrás. Lo primero para nosotros son las personas, en especial las más vulnerables», ha aseverado Báñez.

La prórroga del plan tendría lugar hasta la renovación de los sistemas de protección, en los que el Gobierno, junto a los interlocutores sociales, trabajará a partir del 4 de septiembre, según ha dicho la ministra, con el objetivo de unificar los diferentes planes de ayuda, adecuarlos a la sentencia del Tribunal Constitucional, y mejorar el índice de inserción laboral.

El programa de recualificación profesional para las personas que agotan la protección por desempleo, conocido como Plan Prepara, contempla una ayuda de 400 euros mensuales (450 euros para quienes tengan responsabilidades familiares) durante un máximo de seis meses para aquellos desempleados que ya no perciben la prestación por desempleo de nivel contributivo o bien alguno de los subsidios.

El objetivo de este programa es mejorar la empleabilidad de los parados de larga duración o aquéllos con responsabilidades familiares.

Según su regulación actual, el Plan Prepara se prorroga automáticamente cada seis meses mientras la tasa de paro española supere el 18%. Sin embargo, la tasa de paro del segundo trimestre ha sido del 17,22%. Pese a ello, los sindicatos han pedido al Ejecutivo que lo prorrogue y además que lo haga cuanto antes.