Aunque Ciudadanos (C’s) desprecie al Senado y los naranjitos con su líder catalán Albert Rivera hayan sido coherentes con su propuesta de acabar con la alta Cámara de elefantes, absteniéndose de presentar candidatos, el mencionado órgano posee la competencia exclusiva de aplicar el artículo 155 de la Constitución y suspender, llegado el caso, el autogobierno de Cataluña. Esa operación que nadie desea, y el Gobierno de Mariano Rajoy tampoco, forma parte de la estrategia del Ejecutivo. Su coordinadora, la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría, sonríe para sus adentros y sus afueras cuando se le pregunta cómo van a impedir el referendo de autodeterminación. Y contesta que «ya lo veremos» y que tampoco va ella a «dar pistas al enemigo».

El artículo 155 reza textualmente; «Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por la mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general». Por tanto, ojo al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y se basta y se sobra para dejar sin funciones a los gobernantes perjudiciales y, sin liquidar las instituciones autonómicas catalanas, asumir la función ejecutiva desde la delegación del Gobierno.

No hace falta mucha perspicacia para saber que al desarrollo de esos preparativos y al consiguiente refuerzo de elementos inspectores, de espionaje o inteligencia sobre los departamentos gubernamentales catalanes ha dedicado gran parte de su tiempo la vicepresidenta Santamaría en el último año. Las banderas de España, por entendernos en términos simbólicos, son pocas pero sólidas y suficientes, según viene proclamando el nunca bien ponderado genio de la política, señor Rajoy. Está por un lado el diligente Tribunal Constitucional, el menos diligente Tribunal de Cuentas, que depende de las Cortes Generales. Y luego están las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (especialmente la Guardia Civil) y el Ejército. Como curiosidad decorativa vale añadir que el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, con el nono barón de Claret al frente, es el que más banderas tiene en Cataluña (Archivos, museos y bibliotecas provinciales).

A partir de la estrategia del «rescate» de la autonomía catalana de las feroces garras de los señores Puigdemont, Junqueras, Romeva y sus molt honorables y patrióticos (pero sin impuestos, no fotis nen) antecesores Pujol y Mas, el Palau Ramón Montaner de la calle Mallorca, 278, pasaría a ser el punto de referencia gubernamental en Cataluña y su inquilino, Enric Millo i Rocher, un economista de Tarrasa, de 56 años, del PP de toda la vida, se convertirá en la primera autoridad administrativa catalana hasta que el jefe del Gobierno nombrara a otra y los catalanes elijan nuevos gobernantes. Cierto es que la estrategia de suspender la autonomía para mantener el aserto de Rajoy (ese genio de la política) de que «no habrá referendum» también se puede imponer por las malas, mediante la alerta y el despliegue de uniformados. Incluso para misiones de paz se vienen entrenando desde 2010 en Zaragoza batallones enteros en técnicas de guerrilla urbana.

No obstante, del apoyo del PSOE y C’s a la acción gubernamental del PP se deduce que el señor Rajoy (ese cráneo privilegiado) ha moderado su impulso (el mismo que dio pie a la Guardia Civil del señor Zoido a abrir atestados contra altos cargos de la Generalitat sin mandato judicial) y empieza a admitir que el orden de los factores entre la fuerza de la ley y la ley de la fuerza no sólo altera el producto, sino que resultaría calamitoso y errático para España. Por lo tanto se abre paso la táctica de las fuerzas no independentistas de ignorar el referendo y promover la no participación. O dicho de otra manera: que los secesionistas se estrellen solos en un referendo ilegal y sin censo oficial.

Vale recordar que la Generalitat no dispone de censo propio y que para tener acceso a las listas de residentes en el territorio y de residentes fuera de Cataluña es necesario que la consulta sea aprobada por el Congreso, rubricada por el jefe del gobierno y sancionada por el rey. Si además la participación no llega a la mitad de los 5,51 millones de catalanes con derecho a voto, no habrá quorum y el hombre del flequillo y sus correligionarios pueden ponerse estupendos o jugar a pídola porque su proceso «descolonizador», además del daño a los paganos de siempre, la clase trabajadora y laboral, solo servirá para añadir unas líneas a la enciclopedia de la hilaridad universal. En el afán de soldar en lo posible la fractura de la sociedad catalana se inscribe la iniciativa parlamentaria del socialista Pedro Sánchez de avanzar hacia un federalismo político con pleno reconocimiento cultural e identitario de las nacionalidades históricas o si se prefiere de la plurinacionalidad del Estado español. ¿Es esto incompatible con la lealtad constitucional y con la solidaridad interterritorial? ¿Refuerza la cohesión y la unidad en el Estado español? Son las preguntas a las que con números y propuestas sobre la mesa los representantes del pueblo deberán dar respuesta. De momento, los sectores ya se han enredado en los nombres y definiciones. Mal asunto.

Si a nadie en su sano juicio extraña la composición del agua (H2o) ni sus características originales (incolora, inodora e insípida), sólo a los necios, por muy amantes que sean de los Reyes Católicos, se les ocurre negar la composición original de la España moderna como la conjunción de pueblos o naciones, reinos, condados y marcas por interés familiar, político, económico y, desde luego, religioso. Se puede investigar y debatir incluso sobre la aparición del término «español, españolo o espanescu» (los estudios de Américo Castro arrojan bastante luz al respecto), pero negar la evidencia histórica, cultural, social y jurídica de la plurinacionalidad española más parece ejercicio de sofistas para marear la perdiz y rebatir al adversario que buena política, la que incita a conocer, pensar y aportar soluciones.