Un calendario escolar muy dispar –existen hasta diez días de diferencia entre unas comunidades y otras– (el mínimo establecido es de 175 días lectivos)  y una esperanza de pacto educativo que no acaba de hacerse realidad y que no presenta un horizonte muy claro. Los plazo hasta alcanzar ese eventual y deseado consenso son muy largos y la Legislatura camina sin freno.

La polémica Lomce, que vive un estado de provisionalidad tras retoques y aplazamientos en la aplicación de algunos de sus preceptos, parece adormecida por la subcomisión que en el Congreso de los Diputados trabaja en el diseño del ansiado pacto, que en 2010 estuvo muy cerca de lograrse, pero que la estrategia política del PP, en ese momento en la oposición, lo impidió. Ahora no parecen correr tiempos mejores y el PSOE ya ha anunciado un “otoño calentito” en educación con temas que se han hecho recurrentes cuando se quiere dificultar cualquier acuerdo, tales como la segregación por sexos en los centros, el peso académico de la Religión y la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

La comunidad educativa apuesta por el pacto como salida a una situación inestable y con la sustitución de una ley prendida con alfileres. Sin embargo, el Ministerio de Educación transmite la sensación de tomárselo con calma. Su titular, Íñigo Méndez de Vigo, asegura que “hay consenso en torno a la necesidad política de un pacto por la educación; todos los grupos políticos estamos a favor de ello y espero que el PSOE también; si no, que nos lo diga, y si no, no le haré mucho caso”. Los sindicatos coinciden en su mayoría en la necesidad de cambiar de ley, aunque lamentan la falta de voluntad para un acuerdo.

La situación del profesorado, que reclama un mayor protagonismo en el pacto, es otra de las asignaturas pendientes. Los sindicatos docentes sostienen que se han perdido derechos y es necesaria una oferta de empleo pública amplia, porque la sobrecarga de trabajo se mantiene, lo mismo que las elevadas tasas de interinos.

Los alumnos se quejan de que no saben cómo van a quedar las pruebas finales de etapa ni la Selectividad, que el curso pasado vivió una moratoria con respecto a las previsiones de futuro. Los más radicales, como el Sindicato de Estudiantes (SE) alientan la idea de acciones de protesta.

Además y pese a los avances registrados en los últimos años, queda mucho por hacer para reducir las tasas de fracaso y abandono prematuro de la escuela, de modo que se alcancen las previsiones para 2020, y mejorar la convivencia en las aulas. Por otro lado, la posición de España en el informe Pisa y en otros estudios internacionales  es mejorable. Otra cuestión polémica y conflictiva es la posibilidad de obtener el título de ESO con dos suspensos, auspiciada por algunas autonomías y rechazada por el Ministerio porque “tendrá graves consecuencias”. Algo similar ocurre con las becas y las exigencias para acceder a ellas, que ha suscitado duras críticas de la oposición.

Sea como fuere, el curso presenta ciertas novedades. Así, Madrid, La Rioja y Castilla y León suprimirán los exámenes de septiembre en la ESO, Bachillerato y FP y las pruebas de recuperación se harán antes del verano. Otras comunidades (País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Cantabria y Canarias) llevan años probando este sistema en algunos cursos. Este modelo se aplica en ESO, Bachillerato o FP, dependiendo de la autonomía. La disparidad en el calendario es también llamativa. Por ejemplo, en Murcia, donde las fechas de inicio y finalización de clases varían según los municipios, o en Cantabria, comunidad que elimina las vacaciones de Semana Santa y Carnaval para implantar cuatro periodos vacacionales salpicados por el curso escolar