El profesor de la Universidad Complutense de Madrid Ángel Vilariño advierte en su comparecencia en la comisión de investigación sobre el rescate a la banca en el Congreso de los Diputados que los supervisores europeos creen que es posible vigilar a distancia a las entidades sólo «con los datos» y «con un ordenador».

«La gestión de una entidad financiera no se enseña en la Universidad, hay que ser banquero y saber rodearse de equipos con criterio, las cosas no van mal solo si el que toma las decisiones es un político, lo malo es que se vayan imponiendo determinadas prácticas», argumenta este experto.

En el caso del Banco Popular, intervenido por las autoridades europeas el 7 de junio y adjudicado al Banco Santander el mismo día por 1 euro, opina que lo más importante no era la solvencia ni la liquidez sino la «sostenibilidad de la entidad». «Hay evidencias de que estaba dañado desde el principio en gran parte porque se metió en el negocio inmobiliario y en las hipotecas», señala.

Para Vilariño, en el momento del rescate a la banca, verano de 2012, el Gobierno tomó decisiones  «bajo el síndrome del pánico». Y recuerda  otras decisiones «apresuradas y forzadas», como la fusión de cajas que dio lugar a Bankia, que «fue la peor de las soluciones», y que en aquellos momentos en algunas entidades se hacía «contabilidad creativa» y se desviaban pérdidas a recursos propios en lugar de sacarlas de beneficios. «Hay muchos factores, pero sigo pensando en que el punto crítico fue la imprudencia, la euforia de aquellos que podían tomar decisiones», señala Vilariño.

 El doctor en Economía subraya que la burbuja inmobiliaria se gestó entre 1996 y 2003 y que al término de este periodo había «suficiente evidencia» para que se llevara a cabo una intervención «enérgica» por parte del Banco de España. Considera que éste tenía herramientas para actuar preventivamente y debería haber establecido límites a la concentración de riesgos en promotores inmobiliarios, y llevar a cabo una revisión exhaustiva de las carteras para una mejor identificación de los activos deteriorados.

El Banco de España debería haber acentuado su vigilancia en las políticas de crédito y la gestión de riesgos de las cajas de ahorro debido a su «fragilidad especial» en cuanto a su «singularidad jurídica» y la imposibilidad de estas entidades de emitir capital en los mercados. Y debería haber implementado un plan de medidas específicas «entidad a entidad», dado que «la gran fortaleza del supervisor es que conoce de primera mano a las entidades».