Los socialistas exigen al Gobierno un pacto de rentas para subir los sueldos un 2,5% y alcanzar un salario mínimo interprofesional de 1000 euros mensuales por catorce pagas en el año 2020. Esto requiere una implicación directa del Ejecutivo en la negociación entre patronal y sindicatos y una generosidad en la mesa de la función pública que bajo ningún concepto el titular de Hacienda, Cristobal Montoro, y su aventajada alumna, Fátima Báñez, están dispuestos a demostrar. ¿Saben por qué? Porque si lo hicieran, no sólo se volverían socialdemócratas, sino también arrebataría el único punto diferencial al PSOE para ejercer la oposición.

De acuerdo en la política gubernamental (si así puede llamarse) sobre Cataluña y en las demás materias de Estado (antiterrorismo, política exterior y de defensa, pacto contra la violencia de género), a los socialistas les quedan pocas materiales diferenciales, de ahí que hayan aprovechado la cuestión social en el primer pleno de control al Gobierno del nuevo curso político. Su secretario general, José Luis Ábalos, puso de relieve que «un país no es ni puede ser rico con trabajadores pobres» y pidió a la ministra Báñez: «Eleven a mil euros el SMI y un 2,5% los salarios». Remarcó que el crecimiento de la economía al 3% no está siendo compartido con quienes más han pagado el coste de la crisis, los asalariados. «Si vamos a ver –añadió Ábalos–, el promedio salarial solo a aumentado un euro respecto a hace cuatro años».

Se escudó la ministra Báñez en la autonomía de los agentes sociales y en la creación de empleo y le reprochó que se olvidase de los parados, dando por hecho, como hizo después en su respuesta a Alberto Garzón, que los bajos salarios favorecen la contratación y que el modelo es tan positivo que en lo que llevamos de 2017 se han creado 460.000 empleos nuevos. Tuvo que admitir que la remuneración sólo ha aumentado un 0,5% respecto a 2007. Báñez evitó adelantar la subida del SMI para 2018, lo que indica que no será extraordinaria.

Menos mal que el titular de Hacienda y administraciones públicas, Montoro, anunció en respuesta a la socialista Adriana Lastra una bajada de los impuestos a las rentas medias y bajas. Montoro no concretó cifras ni porcentajes, pero dejó claro que de nuevo el IRPF se convierte en un mecanismo electoral porque en 2019 hay elecciones locales y autonómicas. El compromiso adquirido con Ciudadanos era no gravar las rentas inferiores a 12.000 euros anuales. Habrá que esperar al proyecto de Presupuestos para conocer los plazos y los tramos.

De las concesiones al PNV para aprobar el Presupuesto de 2018 tampoco han dicho ni mu, si bien el ministro de Economía, Luis de Guindos, se comprometió a participar en la solución a la crisis de La Naval de Sestao, en concurso de acreedores por «mala gestión». La empresa, que da empleo directo a más de 200 trabajadores e indirecto a unos 2.500, acumula unas pérdidas de 50 millones de euros, a los que se suman penalizaciones por retrasos cifradas en otros 27 millones, pero posee suficiente carga de trabajo y tiene cuatro buques en construcción.

La sequía, otro problema añadido a los trabajadores del campo y los propietarios agrícolas por el que se interesaron los socialistas, llevó a la ministra del ramo, Isabel García Tejerina, conocida casateniente de Valladolid, a anunciar el adelanto a octubre próximo del pago de 3.000 millones de euros de subvenciones de la PAC y a reprochar al PSOE que dejara el gobierno en 2011 sin aprobar los planes de cuenca.

Se completó el pleno con la consabida sucesión de petardos que estallan por no decir palabrería sobre los grandes conceptos como democracia, Constitución, unidad nacional y demás a cuenta del llamado «procès» catalán por parte de Rajoy, Santamaría, su aliado Rivera y los, al parecer, equidistantes de Podemos. El confluyente catalán Xavier Domenech pidió la comparecencia de Mariano Rajoy para que explique sus planes anti referendo en el Congreso. No solicitó, en cambio la de Carles Puigdemón para que explique sus planes pro referendo. Y en los pasillos, Pablo Iglesias Turrión, manifestó su sorpresa e irritación porque en democracia no se puede prohibir un acto de los independentistas catalanes en Madrid como ha hecho la delegada del gobierno en Madrid, Concepción Dancausa. Pero lo cierto es que la alcaldesa Carmena, que algo debe saber de democracia legal y real, les ha negado las instalaciones del antiguo matadero.