La Unión Sindical Obrera (USO) ha criticado hoy la posibilidad de ligar el salario de los empleados públicos a la marcha de la economía (PIB), tal y como ofreció ayer el ministerio de Hacienda a los representantes de los 3 millones de trabajadores públicos. Para la central, que no participa en la negociación, la propuesta es un “golpe bajo” a los funcionarios, según dijo en relación al proceso de diálogo que continuará la próxima semana y sobre el que ya pesa una amenaza de movilización.

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, que sí participan en el diálogo salarial con el ministerio, lanzaron ayer advertencias de movilización tras el fracaso de la reunión de ayer. Para los sindicatos la oferta del ministerio es “insuficiente”, y afirmaron que las posiciones están muy distanciadas, al tiempo que redoblaron sus exigencias, tras años de pérdidas de poder adquisitivo.

Ayer el departamento de Montoro ofreció a los sindicatos una subida salarial limitada al 2%, y recordó los 1.120 millones de euros de coste que tiene cada punto de subida para las arcas públicas.

Además, la oferta en una negociación que comanda la secretaria de Estado de Hacienda, Elena Collado, incidió en una subida salarial en dos partes, una parte fija -ligada al IPC-, y otra variable quizás vinculada a la evolución del PIB.

Los sindicatos reclaman subidas del 3% anual

Sin embargo, los sindicatos insistieron en recuperar todo el poder adquisitivo evaporado durante la crisis, que cifran entre un 13% y un 20%.

Los sindicatos parten de reclamaciones salariales en torno al 3% de subida anual para el trienio. Algo que el ministerio no está dispuesto a aceptar. Según los sindicatos, el ministerio que dirige Cristóbal Montoro amagó con una oferta del 2,5% anual. Pero ahora ha dado marcha atrás, según las centrales sindicales.

Además, las organizaciones de trabajadores mantienen otras reivindicaciones, como son la jornada de 35 horas, y elevar el ritmo de contratación, muy ralentizado durante la crisis.

En este sentido, los sindicatos reclaman a Hacienda que elimine la llamada tasa de reposición, que limita la incorporación de funcionarios en función del número de jubilaciones. Hacienda en cambio, desea mantener dicha tasa, aunque se compromete a estudiar su ampliación por encima del 100% en algunos sectores.

Además, los sindicatos pretenden universalizar el proceso de estabilización del empleo público, que prometió en marzo reducir el número de interinos al 8% en tres años, con la oferta de hasta 300.000 plazas.

Ambos extremos, la propuesta plurianual ligada al PIB, y los dos tramos – fijo y variable – suponen una novedad en esta mesa de negociación.