Ya ha contado con otro posible comprador de ese país, HNA, pero en esta ocasión el tema parece más avanzado. OHL ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el grupo China State Construction Engineering (CSCE) está interesado en tomar el control de la empresa de construcción e infraestructuras. La compañía está actualmente participada al 51% de su capital por la familia Villar Mir.

Todavía no se conocen datos de la posible operación y si está llevaría al grupo chino a la obligación de lanzar una OPA. Pero todos indica que sería así, si hay un acuerdo: y se produciría la obligación incluso si la adquisición se circunscribiera al 51% de los títulos en manos de la familia que creó la compañía. En cualquier caso, además de la asunción de la deuda, la transacción no sería demasiado cuantiosa para CSCE, la capitalización bursátil de OHL se mueve en el entorno de los 1.000 millones de euros.

En la información enviada a la CNMV, la empresa española señala que CSCE , controlada por el Estado de ese país asiático y al tiempo la de mayor capitalización bursátil del mercado chino, ha manifestado interés en la toma de una participación, por lo que, «a efectos» de su posible materialización, «ha solicitado poder acceder a la revisión y análisis de cierta documentación». No obstante, se añade que todavía no se ha tomado decisión alguna.

OHL, que ha sufrido relevantes caídas en Bolsa desde hace más de  dos años y divergencias con su auditor, está lastrada por la deuda financiera. La compañía se ha visto también salpicada por investigaciones judiciales por posibles pagos de comisiones y pagos para la obtención de contratos, que en gran parte han estado focalizadas hacia el presidente Juan Miguel Villar Mir.

En la sesión de este lunes 18 de septiembre el comportamiento de las acciones de OHL ha sido errático. Ha subido más de un 5% al inicio de la sesión para terminar perdiendo un 3,1%.

OHL presentó en el primer semestre del año unas pérdidas por valor de 32,1 millones de euros, frente al beneficio de 3 millones del mismo periodo del año anterior. El grupo argumentó esta evolución por los costes del expediente de regulación de empleo (ERE).