El Estado pagará directamente la nómina de los funcionarios de la Generalitat de Cataluña y a las empresas proveedoras. Según explicó el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, el miércoles en el Congreso, las nóminas no están en peligro, siempre y cuando el gobierno catalán se digne a aportar los listados correspondientes. «Esperamos que en esto no desobedezcan», dijo Montoro.

Convertido en la peor plaga que podría caer sobre el honorable Carles Puigdemont (otro que hacía trucos acuáticos para forrarse) y su ameno equipo de consellers, Montoro no ha necesitado despeinarse para intervenir las cuentas de la Generalitat. Ni sesudos estudios constitucionales ni debates en el seno del Consejo de Ministros. Nada. El control de las cuentas es una medida prevista en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para evitar que el déficit se desborde y también, lógicamente, para que no se gaste el dinero público en productos ilegales como el referendo independentista del 1 de octubre.

Eso lo entienden hasta los tontos. Y Ferran Bel, diputado y alcalde del PDeCAT de Tortosa (Tarragona), que reclamó explicaciones al ministro sobre la intervención de las cuentas, no debería incurrir en analogías golpistas al respecto como si fuera defectivo de entendimiento. ¿Qué tendrá que ver la regla de gasto y la ley de estabilidad presupuestaria que su partido ha respaldado en tantas ocasiones con el 23-F? ¿En qué se parece Montoro a Tejero si se puede saber?

Las exageraciones son un signo de desequilibrio político nada recomendable para la tranquilidad y el progreso de Cataluña, donde la derecha se pega con la derecha española para ver quién manda más y paga menos impuestos y obtiene más rendimiento de los trabajadores. En esa carrera enloquecida, unos y otros pretenden tomar de rehenes a los ciudadanos y apoderarse de sus sentimientos. Lo quieren todo para sí.

Con Montoro apretando las partes pudendas y la Guardia Civil desarticulando la célula de altos cargos y funcionarios dependientes del vicepresidente primero de la Generalitat, Oriol Junqueras, que se ocupaba de activar el dispositivo del referendo del 1 de octubre e incautándose de nueve millones de papeletas y de la documentación para los presidentes y secretarios de mesa, se comprende el mal humor de los independentistas.

Pero mira, la disposición de Montoro ya ha llevado a la interventora de la Generalitat a desobedecer a su jefe autonómico y remitir la relación de gastos semanales, si bien, embarullada y sin concreción informativa. No obstante, el ministro ha asegurado que el control directo de las cuentas durará lo que tenga que durar, cuatro semanas o nueve meses. Todo dependerá del respeto y cumplimiento de las normas por parte de quienes están más obligados que nadie porque de ello cobran.

Aparte las explicaciones de Montoro, la redada de la Guardia Civil contra el mando operativo del referendo y la detención de 14 personas llevó al jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, a citar en La Moncloa a Pedro Sánchez y Albert Rivera para explicarles por separado sus planes anti referendo. El primero y principal está en marcha: sin dinero para la orquesta se acabó el baile y ahora empieza el jaleo. ¿Durará hasta que dimitan todos los responsables del lío?