El despacho B. Cremades y Asociados ha presentado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea un segundo recurso contra la Junta Única de Resolución (JUR) y la Comisión Europea por la intervención del Banco Popular, que amplía el ya presentado el 7 de agosto ante la misma instancia.

Al mismo tiempo, está estudiando la posibilidad de presentar una denuncia ante la Comisión Deontológica y/o el Defensor del Pueblo Europeo por posibles violaciones del Código de Conducta de los Miembros de las Sesiones Plenarias y Ejecutivas de la JUR.

La firma de abogados argumenta que «las violaciones de los deberes de confidencialidad por parte de la JUR fueron evidentes», ya que su presidenta, Elke König, habló en televisión sobre el banco y se hicieron públicas filtraciones sobre la situación de la entidad.

El recurso ha sido presentado en los mismos términos que el interpuesto el pasado 7 de agosto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Para el bufete, la resolución de Popular supuso una «manifiesta violación» del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y de otros instrumentos del Derecho europeo.

Por ello, solicita la nulidad de la resolución de la entidad, la devolución de las acciones y los instrumentos de capital de Popular a los inversores, así como una compensación equivalente al valor neto de los activos de la entidad el 7 de junio (fecha de la intervención y posterior adjudicación al Santander), que deberá determinar un perito nombrado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Si esta compensación se calculara con los estados financieros del primer trimestre del año, los bonistas deberían percibir el 100% del nominal de su inversión y los accionistas 2,57 euros por acción, según el despacho. «No obstante, se solicita una indemnización mínima equivalente al precio de cotización de los instrumentos de capital de Banco Popular a fecha de 22 de mayo de 2017», precisa el bufete.