La Fiscalía ha presentado este viernes una denuncia por delitos de sedición ante la Audiencia Nacional por los altercados consecuencia de las concentraciones que se llevan produciendo en Barcelona y otras poblaciones a raíz del estallido de la operación contra cargos de la Generalitat responsables del 1-O, han confirmado a Europa Press fuentes de este órgano.

Algunos agentes de la Guardia Civil personados en la citada Consejería tuvieron que permanecer en el interior de sus vehículos durante horas sin poder salir al no estar garantizada su seguridad. Por el momento, la Guardia Civil ha abierto una investigación para revisar imágenes y estudiar la petición de responsabilidades individuales a quienes atacaron sus coches oficiales, incluyendo algunos camuflados. Los mayores daños los sufrieron tres todoterrenos aparcados frente a la sede de la Consejería de Economía con los que se cebaron los numerosos independentistas descontentos con la actuación judicial.

El Código Penal castiga en su artículo 544 con hasta 15 años de cárcel a quienes «se alcen pública y tumultuariamente» para «impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes», o para «impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales». La competencia para investigar estos hechos corresponde a la Audiencia Nacional.

En este órgano existe un precedente reciente, del pasado mes de abril, cuando la Audiencia Nacional archivó una causa contra el concejal de la CUP en Vic (Barcelona) Joan Coma por un delito de incitación a la sedición. Se le investigó concretamente por llamar a la desobediencia durante un pleno de diciembre de 2015, en el que el consistorio mostró su apoyo a la proclamación del Parlamento catalán de inicio de la desconexión de Cataluña con el resto de España. Finalmente, el juez Central de Instrucción número 2 Ismael Moreno estimó que no se le podía atribuir sedición y decidió inhibirse en favor del Juzgado de Instrucción de Vic por posibles delitos de desobediencia y prevaricación.