El titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona ha acordado la puesta en libertad con cargos del secretario general de Vicepresidencia y Economía, Josep Maria Jové -cesado de su cargo este mismo viernes-; del secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, y de otros cuatro detenidos por el 1-O, con obligación de comparecer semanalmente en los juzgados.

Todos ellos están siendo investigados por los delitos de prevaricación, malversación y desobediencia, y todos se han negado a declarar ante el juez, por lo que han sido seis comparecencias cortas, entre las 11.45 y las 13.30 horas de este viernes en la Ciudad de la Justicia, ante la cual ha habido una concentración desde primera hora de la mañana en apoyo a todos ellos.

Han quedado en libertad también, con las mismas condiciones, la directora de servicios de T-Systems, Rosa María Rodríguez; el director de sistemas de Fundació.cat, Josep Masoliver; el cargo del CTTI Josuè Sallent, y Juan Manel Gómez, del Cesicat, después de que el fiscal no pidiera privación de libertad para ninguno de ellos.

La abogada del secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, que ya estaba investigado anteriormente en la causa, ha planteado la recusación del juez alegando el derecho a disponer de un juez «independiente e imparcial» y que varias decisiones del juez le hacen considerar que no lo es; la recusación se tramitará y resolverá en la Audiencia de Barcelona.

A todos les han hecho un requerimiento para que se abstengan de hacer cualquier actuación que pueda ser considerada como un delito de desobediencia, como seguir con los preparativos del referéndum o diseñar estructuras de Estado.

Según han explicado los respectivos letrados, sus clientes -que fueron detenidos por la Guardia Civil el miércoles- han declarado esposados y cuando han pedido que se les retiraran para poder declarar, el juez se ha negado por seguridad.

A las dependencias de la Ciudad de la Justicia han acudido el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y los consellers Raül Romeva, Meritxell Borràs, Meritxell Serret y Dolors Bassa, que han dado su apoyo a los familiares y allegados que esperaban las declaraciones, y que han esperado junto a ellos la salida de los últimos seis detenidos. También se han concentrado varios miles de personas para exigir la libertad de los arrestados, y entre otros cargos y políticos, ha acudido la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha celebrado la puesta en libertad de los altos cargos del Gobierno catalán detenidos por el referéndum del 1 de octubre, y les ha dicho: «Vuestra dignidad es su vergüenza». En un apunte en Twitter recogido por Europa Press ha calificado de injusta y abusiva la detención de sus «amigos y compañeros», y ha reafirmado su compromiso con el referéndum a través de la etiqueta #1Oct. Puigdemont dijo el jueves que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había cruzado «muchas líneas rojas» con estas detenciones y avisó de que la votación se hará pese a ello.