La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ha presentado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional una denuncia por posibles delitos de prevaricación de los Ayuntamientos, al seguir éstos cobrando un tributo que ha sido declarado nulo, en referencia al Impuesto sobre el Incremento del Valor de Terrenos Urbana (más conocido como de Plusvalía)

Los responsables de las áreas de economía de los organismos autónomos de la Agencia Tributaria siguen permitiendo que los Ayuntamientos cobren ese Impuesto pese a que el Tribunal Constitucional declarara nulos e inconstitucionales los artículos que someten a tributación situaciones donde no hay incremento del valor en una vivienda. «Las sentencias del Tribunal Constitucional son de cumplimiento automático, por lo que no caben excusas», señalan en Asufin.

Tras la crisis de 2008 muchos ciudadanos han tenido que vender su vivienda a un precio más bajo de lo que fue adquirida. Por tanto, el valor del inmueble no sólo no se ha incrementado, sino que ha registrado pérdidas. A pesar de ello, los Ayuntamientos han mantenido esos tributos, sabiendo que son ellos los encargados de llevar a cabo las modificaciones informáticas para evitar un cobro injusto.

Patricia Suárez, presidenta de Asufin, no entiende que no se cumpla la sentencia del Constitucional: “tanto los Ayuntamientos como el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias han declarado que están esperando a que el Gobierno legisle al respecto, ignorando que las sentencias del Tribunal Constitucional son de obligado y automático cumplimiento». «No podemos permitir que los Ayuntamientos sigan cobrando un impuesto ilegal”, subraya.

«La Ley Reguladora de las Haciendas Locales califica el Impuesto sobre Plusvalía como facultativo o voluntario, y el Tribunal Constitucional ha concluido que los legisladores no sometan a tributaciones las situaciones de inexistencia de incremento de valor. Los Ayuntamientos no están sujetos a ninguna ley que les obligue a aplicarlo. Y si su voluntad es perpetuarlo a costa de los contribuyentes, tendrán que hacerlo bajo un nuevo régimen general», añaden en Asufin.

Por tanto, desde esta asociación consideran que «se cumplen los requisitos para la comisión de un delito de prevaricación administrativa». «Estamos ante un ejercicio arbitrario del poder, puesto que la justicia ha puesto en manos de la autoridad o funcionarios públicos el ordenamiento, y éstos han decidido dictar una resolución no basada ni en la Constitución ni en el resto del ordenamiento jurídico», argumentan.

Los Ayuntamientos han seguido cobrando la plusvalía en casos sin beneficios, a sabiendas de que están incumpliendo la sentencia del Tribunal Constitucional.  Por tanto, están cometiendo el delito de prevaricación previsto en el artículo 404 del Código Penal: cuando la autoridad o funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúa de tal modo porque quiere este resultado y antepone el contenido de su voluntad a cualquier otro razonamiento o consideración.

«Cualquier contribuyente que haya pagado este impuesto puede reclamar, pero los que lo hayan hecho después del 11 de mayo de 2017 pueden y deben defenderse de este atropello. No son aislados los casos en los que los contribuyentes han vendido un inmueble por el mismo o inferior valor y han tenido que desembolsar más de 2.500 euros. Los tribunales empiezan a condenar a los Ayuntamientos por estas prácticas», insisten en Asufin.

«Los Ayuntamientos están aplicando dos artículos que ya no forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, y Asufin, cuyo objetivo es preservar a los ciudadanos de cualquier práctica abusiva, solicita a la fiscalía que investigue para comprobar estos hechos, anunciando que, en caso de que dicha investigación concluya en la existencia del delito denunciado, formulará la querella pertinente», explican en la asociación, que ha enviado copia de la denuncia al Tribunal Constitucional «para que tome medidas al respecto».