El Tribunal de Cuentas lanzó hoy una carga de profundidad contra la gestión del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) durante 2013 del organismo dependiente del ministerio de Empleo que dirige, y dirigía entonces, Fátima Báñez. En su informe de fiscalización, el Tribunal advierte de la “falta de previsión” del ente encargado de abonar salarios e indemnizaciones a los trabajadores de empresas en problemas.

En su informe, el Tribunal denuncia el cobro de 5,5 millones de euros no declarados a Hacienda. Critica la encomienda de gestión a Tragsatec, que duplicó el precio de los servicios. Y alerta sobre la carencia de control sobre deudas y cobros, que impide detectar pagos duplicados, y apenas le permitió recuperar el 1,5% de las deudas.

El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, presentado este martes en el Congreso por su presidente Ramón Álvarez de Miranda, denuncia por un lado el cobro de 5,5 millones de euros por parte de trabajadores, que no fueron declarados a la Agencia Tributaria en 2013. Y ello a pesar de que la Agencia advirtió al Fogasa de la situación, que terminó archivando los expedientes iniciados, sin llegar a ningún resultado.

También se detectó la existencia de empresas ficticias creadas con el único objetivo de que los trabajadores percibieran las ayudas, llegándose a formular por ello peticiones de responsabilidad penal.

“Falta de previsión”

En 2013, el organismo que se encarga de pagar los salarios a los trabajadores de empresas en quiebra, recibió un alud de peticiones debido a la situación de crisis que atravesaba la economía desde 2008. Sin embargo, según el Tribunal, esta situación podía haberse evitado, o al menos previsto.

Debido a la crisis, en 2013, los expedientes aumentaron un 67% respecto al año anterior. En opinión del Tribunal, el organismo “debería haber adoptado medidas urgentes y extraordinarias para paliar los efectos del progresivo y predecible aumento de solicitudes de prestación”.

Como resultado de esta situación, el Fogasa tuvo que dotarse de 531 millones adicionales, un 63% más sobre los 843 millones inicialmente previstos, a fin de respaldar el alud de peticiones, que no pudieron resolverse ni con horas extras ni contratando interinos, tal y como se intentó.

La dirección tomó entonces una controvertida decisión. Ante la avalancha de expedientes contrató los servicios de Tragsatec, una empresa pública sin ninguna experiencia en este campo (se dedica a la gestión de recursos agrícolas, ganaderos y forestales), y que resultó ser a la postre menos eficaz que los empleados del Fogasa en la tramitación de expedientes, a pesar de que sus servicios prácticamente duplicaron el coste, agrega el informe.

De hecho, según el Tribunal, de haber realizado los funcionarios estos trabajos encomendados a Tragsatec, el coste habría sido un 92% menor.

Escaso control

Por último, el demoledor informe del Tribunal de Cuentas sobre el Fogasa critica el escaso control de los fondos y su nulo interés por recobrar las deudas.

En concreto, el Tribunal critica la falta de información sobre la cantidad de empresas en concurso (antigua suspensión de pagos), así como la ausencia de un cauce formal de comunicación entre sus unidades periféricas y la administración concursal.

Una falta de control que “conlleva un riesgo para los fondos públicos”. Y que hace imposible tanto el control de pagos duplicados a trabajadores, como de los créditos a favor del organismo de las empresas en situación de concurso.

El informe de fiscalización critica por último el nulo interés por recuperar las deudas a favor del Fogasa a pesar de que en 2013 el saldo de deudores por subrogación del Fogasa superó los 7.000 millones de euros.

“Las actuaciones para su recuperación fueron muy escasas”, concluye. No en vano el índice de cobro de estas deudas apenas alcanzó el 1,5%.