El Gobierno prepara una subida del índice de revalorización de las pensiones, actualmente fijado en el 0,25%, dentro del paquete de medidas reclamado por el Pacto de Toledo para frenar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. Carolina España, representante del PP en el Pacto de Toledo, reconoce que la evolución de la inflación supone que este año las pensiones pierdan poder adquisitivo, al ser el 0,25% de revalorización muy inferior al IPC. «No hemos decidido todavía cómo resolverlo«, precisa en el encuentro ‘Evolución demográfica en España y su impacto en las pensiones y en el Estado del Bienestar’ del Club de Seguros de ESADE Alumni.

A esta pérdida de poder adquisitivo de los españoles que cobran actualmente una pensión pública se unirá el efecto del factor de sostenibilidad, que entrará en vigor en 2019, y que provocará una previsible y progresiva reducción del importe de las nuevas prestaciones por jubilación.

Carolina España pide «un cambio de mentalidad» en el ciudadano, para que conceda una mayor importancia al ahorro para la jubilación frente a la concentración de la inversión en la adquisición de una vivienda. También plantea fórmulas para que esa inversión en la vivienda pueda hacerse fácilmente líquida una vez que el ciudadano se haya jubilado. Y reclama un impulso de la previsión social complementaria, pero «no porque el sistema público esté en peligro, sino porque añade más garantías para el ciudadano».

La representante del PP en el Pacto de Toledo reitera que la «prioridad absoluta» del Gobierno es la sostenibilidad del sistema público de pensiones y de la Seguridad Social. «No se cuestiona el sistema de reparto», pero éste debe hacer frente a dos retos: el envejecimiento y la mayor esperanza de vida, y la suficiente creación de empleo para incrementar el número de cotizantes a la Seguridad Social que compense el incremento del número de pensionistas.

El suicidio demográfico

Ignacio Cosidó, presidente de la Comisión Especial para el Estudio de la Evolución Demográfica, critica que «se hable muy poco de una crisis estructural como es la demografía». Cita la expresión de «suicidio demográfico», que se produce al unirse una caída muy fuerte de la natalidad con un incremento de la esperanza de vida. El resultado es una sociedad «claramente envejecida» y desplobada en algunas zonas del interior.

«No es un problema español, también lo es europeo. Y no es una crisis nueva, aunque sí es la primera vez que la cuestión demográfica se ha incorporado a la agenda política», señala Cosidó, que espera que se apruebe la Estrategia Demográfica antes de fin de año.

La demografía «no es un reto del Gobierno, sino del país» porque «afecta al modelo del Estado del Bienestar, a las pensiones, a la asistencia sanitaria, a la cohesión social, a la actividad económica, a los valores políticos, a la convivencia«, argumenta. Al mismo tiempo, «es un problema que no tiene soluciones a corto plazo», precisa.

Cosidó plantea, por un lado, medidas de conciliación, que la fiscalidad tenga en cuenta el coste que supone tener un hijo, fomento de guarderías, entre otras. Por otra, impulso del envejecimiento activo y de la «utilidad social» de los mayores, asistencia sanitaria integral para éstos, avanzar en el tratamiento de la dependencia. Sobre la despoblación, subraya que «es un factor muy vinculado a la existencia de actividad económica», y habla de emprendimiento y de actuaciones para la mujer en el mundo rural, de protección del patrimonio histórico, entre otras.