La Audiencia Nacional ha rechazado suspender de forma cautelar la venta del Banco Popular al Banco Santander, tal y como habían solicitado varios particulares en sus recursos presentados contra la resolución del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) que ejecutó la operación ordenada por la Junta Única de Resolución (JUR).

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso rechaza en un auto las peticiones de que se anulase el acuerdo del Frob en tanto éste siguió lo acordado por la JUR. Argumenta que una suspensión cautelar de la resolución adoptada el 7 de junio dejaría sin efecto la decisión del órgano europeo y que los perjuicios invocados se deben reclamar en otros tribunales europeos competentes sobre la JUR.

«La paralización pretendida, incluso si se tratara de la misma venta, dejaría sin efecto la decisión de la JUR y mantendría unas circunstancias que los organismos europeos han considerado que hacen inviable la entidad y conllevan un riesgo para el interés público», señala el auto, que recuerda que fue el organismo europeo el que valoró «las graves dificultades en las que se encontraba la entidad» tras la comunicación recibida del Banco Central Europeo (BCE).

La Sala admite que la ejecución de las medidas contenidas en la adjudicación del Popular pueden generar perjuicios «si no de imposible, sí de muy difícil reparación» pero éstos deberían ser reclamados ante la JUR, que es «la que ha decidido la venta» y no dirigirse al Frob, cuyo papel en este proceso es de «carácter instrumental».

No a la anotación en el Registro

La Sala también rechaza la solicitud de que se anotara el recurso en el Registro Mercantil con el fin de que los posibles perjudicados conocieran la existencia de un litigio, argumentando que, a través de los medios de comunicación, se ha podido conocer tanto las decisiones adoptadas en relación con el Banco Popular como la impugnación de las mismas ante tribunales españoles y europeos.

Hasta ahora se han registrado más de 250 recursos, que incluyen a más de 6.000 apelantes entre personas físicas y jurídicas, contra la resolución del Popular.