Esta medida ha sido adoptada apenas dos semanas después de que Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa presentaran ante la Justicia Europea sendos recursos contra la decisión de la Comisión Europea.

Los recursos, que se presentaron de forma individual, toman como base la interpretación de las eléctricas de que el real decreto del carbón no es compatible con el derecho comunitario y no se ha elaborado conforme al reglamento comunitario.

En los mismos, las eléctricas solicitan la aplicación de medidas cautelares y la suspensión provisional y con urgencia de la decisión de la Comisión Europea hasta que el tribunal analice el caso mediante un procedimiento acelerado.

Las eléctricas esgrimen, entre otros argumentos, que la medida del Ejecutivo comunitario no ha sido analizada en profundidad, es contraria a otras disposiciones del Tratado de la Unión, no responde a un riesgo real para garantizar el suministro energético y contraviene varias disposiciones europeas relativas a la industria del carbón.

Además, entienden que la nueva norma incrementará los costes del sistema eléctrico español, atenta contra el libre mercado e impedirá el cumplimiento de los objetivos mediambientales en España.

La semana pasada, Luxemburgo ya remitió un escrito no vinculante al Gobierno en el que se sugiere la posibilidad de retrasar la aplicación del decreto a la espera de que se resuelvan algunas cuestiones técnicas.

Frentes contra el decreto

El decreto del carbón, aprobado por el Consejo de Ministros después de que la Comisión Europea descartase ayudas de Estado, ha sido criticado por las eléctricas no tanto porque provocará un mayor uso de las centrales térmicas de carbón, sino porque este uso se hará en detrimento de otras tecnologías, como los ciclos combinados de gas, que resultarán desplazados.

En este contexto, las compañías han abierto al menos otros dos frentes judiciales, uno ante el Tribunal Supremo y otros ante la Audiencia Nacional. En el primero de ellos, el Supremo ha rechazado la solicitud de medidas cautelarísimas.

Con respecto al frente abierto ante la Audiencia Nacional, las eléctricas denuncian que en uno de los desarrollos normativos del decreto del carbón se da un plazo insuficiente de tres días a las centrales térmicas para que remitan su compromiso de compra de carbón nacional.