La Fiscalía considera que las cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante la operación del domingo contra el referéndum de independencia «en absoluto afectaron a la normal convivencia ciudadana».

En un escrito presentado al Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona, que investiga la causa tras una denuncia de la Generalitat, el fiscal Juan Carlos Padín sostiene que las medidas policiales sí «afectaron, sin duda, a los numerosos grupos de personas que de forma irresponsable habían sido convocadas por el Govern».

«Personas que de forma voluntaria, concertada y coordinada se agolparon en determinados lugares de Barcelona, congregándose en sus puertas –de los colegios electorales– para de forma tumultosa impedir a los agentes policiales intervinientes» cumplir la resolución judicial de impedir el referéndum.