El Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid ha admitido a trámite la tercera demanda colectiva de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) en relación con los gastos hipotecarios, dirigida a Banco España-Duero (grupo Unicaja), KutxaBank, ING Bank, Deutsche Bank, Liberbank, Ibercaja, Cajamar y UCI.

Previamente, fueron admitidas a trámite por dos juzgados madrileños otras dos acciones colectivas, una dirigida contra Popular, Bankinter, Banco Pastor (grupo Banco Popular) y Abanca, y otra contra Santander, CaixaBank, Bankia y Sabadell.

Asufin ha demandado a 16 entidades, a las que reclama  que se indemnice a los perjudicados por el importe total desembolsado.

Los afectados que quieran incorporarse a esta demanda para intentar lograr la anulación de sus cláusulas de gastos hipotecarios y la restitución de las cantidades cobradas por este concepto podrán hacerlo en un periodo de dos meses.

Los gastos de formalización de préstamos hipotecarios reclamados en estas acciones son los correspondientes a la notaría, el registro de la propiedad, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, la verificación de la situación registral, la tasación y la gestoría.

«Con la admisión de esta última demanda colectiva, la justicia ha abierto todas las puertas para que los consumidores recuperen el dinero indebidamente pagado por cláusulas abusivas de atribución de gastos de formalización de la hipoteca», proclaman en Asufin.

Cláusula abusiva

En diciembre de 2015 el Tribunal Supremo declaró abusivas las cláusulas de atribución de gastos hipotecarios en exclusiva al consumidor, ordenando al BBVA que dejara de aplicarlas.  El BBVA se negó a compensar a los afectados y retó a sus clientes a acudir a los tribunales. Asufin recogió el guante y su presidenta, Patricia Suárez, argumenta que «la nulidad de una cláusula por una acción de cesación implica la restitución íntegra del dinero, tal y como dejó claro el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en diciembre».

“Las entidades no se estén dando por aludidas y sigan obligando a sus clientes a hacerse cargo de todos los gastos de formalización de la hipoteca. Ellos nos han llevado a acudir a los tribunales para que sea la justicia quien erradique de una vez estos abusos”, insiste Patricia Suárez.