La democracia es mucho más que el ejercicio del voto, al igual que la política consiste en algo más que la aplicación de la ley. Si no fuese así, democracia y política podrían reducirse a meros sistemas informáticos.

Desgraciadamente, acabamos de comprobar cómo estas dos máximas son ajenas a unos gobernantes en los que los ciudadanos debían encontrar la defensa de sus derechos democráticos y el vehículo de sus aspiraciones políticas. Más bien al contrario, parece que sean los propios ciudadanos los que deban inculcar esos principios elementales a sus líderes.

La calidad de la democracia se ha resquebrajado en Cataluña. Ha caído ante la absurda pretensión con que dos bandos enfrentados intentan resolver las carencias constitucionales del país. Cada uno ha tirado por el camino de enmedio, aplicando la forma de violencia que tenían más a mano. Los independentistas han puesto en marcha un ejercicio herético de bullying político, queriendo imponer un referéndum ilegal y carente de la mínima legitimidad. Una imposición que aplasta los derechos de los ciudadanos, comenzando por su derecho a rechazarlo por ilegal. Como en todo bullying, una masa pro-activa ejerce violencia sobre el ciudadano no violento, olvidando que el consenso de esa masa no legitima ni democratiza sus acciones. De otra forma, habría que reconocer el valor democrático de cualquier linchamiento.

La democracia es algo más que la mayoría recogida en una urna. Es el ejercicio del voto más el cumplimiento de procedimiento, más el amparo de la ley, más el sometimiento a la gobernanza, más la disciplina de la transparencia. Al menos, así es en las democracias modernas occidentales. Por eso el referéndum ha sido un gatillazo cuyo resultado lo delata como antidemocrático. No solo por violar todos los principios expuestos, sino porque un 90% favorable a una consulta popular es propio de regímenes autoritarios, capaces de acallar cualquier oposición y manipular el proceso. Como en dichas situaciones, resulta factible interpretar abstención con oposición.

Pero la calidad de la democracia implica además la acción política. Cuando un sistema está bloqueado y no tiene mecanismos de respuesta dialogada a un problema de disensión política, hay que acordar dichos mecanismos. No haberlo hecho antes de que la situación se enconase es un error que ahora acarrea altos costes sociales. En estos momentos, las carencias de la constitución vigente, al declararse incompetente en cuestiones de integridad territorial (por estar «… fundamentada en la indisoluble unidad de la nación española…» según el artículo segundo del título preliminar) se ha convertido en el enemigo de todos. Una evidencia que el gobierno central conoce desde hace años y obvia, ignorando el daño que ello acarrea a los ciudadanos. Las consecuencias no pueden ser más palpables en estos momentos en que se ha generalizado el descrédito de ser español. Algo irresoluble por simple reafirmación personal. El descrédito es objetivo y recorre todas las portadas de la prensa internacional. Y, además del descrédito, la división del país.

Enrocarse en la legalidad ante un problema de reconocimiento de soberanía es abdicar del terreno de la política. No es para eso para lo que se vota un parlamento. Si no, bastaría con elegir un juez y un policía. Dos figuras a las que no se podría pedir otra cosa que lo que han hecho en esta crisis; actuar según la ley vigente y ejecutar las ordenes recibidas por los cauces legales. Confundir la forma violenta e ilegal de la reclamación con el fondo genuino de demanda social es solo una forma de negar el problema.

Lo que sí se puede y se debe exigir es la acción política. Porque la crisis actual es un problema político al partir de un planteamiento secundado por casi dos millones de ciudadanos. Algo que solo puede tratarse a nivel parlamentario y con la concurrencia del mayor número de fuerzas políticas, en busca de un consenso amplio y estable. Desgraciadamente, el bipartidismo nos ha educado en la identificación del poder ejecutivo con el legislativo, de lo que se derivan muchos de los males que ahora padecemos. Entre otros, el de las listas cerradas, que tan degradante se ha demostrado para la calidad democrática del sistema. Lo que hoy se echa en falta es, justamente, el protagonismo del poder legislativo.

Hemos demostrado que carecemos de los mecanismos para tratar un problema que solo sabemos afrontar remitiéndolo al terreno de la desobediencia civil. De ahí la solicitud, no exenta de sensatez, de una tutela internacional ante el vacío político. Para unos, la confusión parte de llamar democracia al ejercicio de una imposición violenta mediante un movimiento popular. Una imposición que se pretende justificar por el bloqueo del sistema para tratar demandas sociales. Para los otros, el desenfoque surge al confundir el diagnostico del problema, tomando el síntoma por la enfermedad. Lo que conduce al abandono de los catalanes no independentistas, desvirtuando los argumentos con que estos intentan defenderse frente al contrario. Algo que, sin duda, muchos de ellos tendrán en cuenta en el futuro.

Mientras los ejecutivos de ambas partes se consumen en un bloqueo de posturas irresoluble, lo que impone altos costes a la totalidad del país, la carencia jurídica de las normas sigue sin atajarse. Hasta que los responsables parlamentarios no reclamen la competencia sobre el problema que les corresponde por derecho, nada se podrá resolver y seguiremos en un círculo vicioso. En manos, más que de políticos, de meros sistemas informáticos.