La asociación constitucionalista teme «tal y como apuntan los primeros datos, una caída brusca de la inversión extranjera y del turismo en Cataluña en el corto y medio plazo si la situación actual no se reconduce en los próximos días”

La incertidumbre política y crispación social generadas por el movimiento separatista, junto a la idea cada vez más extendida de que la Generalitat promulgará la declaración unilateral de independencia, ha puesto en jaque a numerosas empresas.

Como consecuencia, importantes compañías catalanas han tomado la decisión de trasladar su domicilio social y fiscal a otros puntos de España para evitar posibles consecuencias que pudieran poner en riesgo su futuro.

Tal es el caso de Banco Sabadell o Caixabank, que se han trasladado a Alicante y Valencia respectivamente, Fundación La Caixa y Criteria lo harán a Palma de Mallorca, la Sociedad General Aguas de Barcelona, Abertis y Gas Natural cambian su sede a Madrid, entre otras.

Pero además, decenas de compañías como Codorniu, Freixenet y Catalana Occidente amenazan con actuar con el mismo modus operandi si finalmente se proclama la independencia en Cataluña.

Estas actuaciones han sido propiciadas por la aprobación de un decreto por parte del Gobierno central, que reduce al mínimo los trámites para el cambio de domicilio social de las empresas, ya que no tendrán ni siquiera que someter a su junta de accionistas ese tipo de decisiones, bastará sólo con el visto bueno del consejo de administración.

Ante esta situación, Empresaris de Catalunya, han hecho unas declaraciones donde manifiestan que “abogamos por la fraternidad y convivencia entre Cataluña y el resto de España, queremos lanzar un mensaje a favor de la sensatez y en contra de la división y la exclusión separatista”.

Según esta asociación de empresarios, ejecutivos, autónomos y profesionales catalanes, esta “estampida está produciendo un grave perjuicio a la economía catalana. La deslocalización de empresas tan relevantes supone una importante reducción del PIB catalán y de la recaudación de impuestos, así como un efecto desmoralizante entre los empresarios catalanes”.

Empresaris de Catalunya hace también un llamamiento a la Generalitat, a quien pide “volver a la legalidad constitucional que, injusta e irresponsablemente, quebrantó el pasado 6 de septiembre en el Parlament, creando la actual situación de inestabilidad política y jurídica, y por ende económica”, según han expresado este lunes en nota de prensa.

Además opina que el gobierno catalán “debe someterse al imperio de la ley y al orden constitucional tal y como ha remarcado la Comisión y el Parlamento de la Unión Europea” y solicita al Gobierno de la Nación “a que reinstaure el orden constitucional de forma inmediata”.

Alarmados por los primeros datos que indican una caída brusca de la inversión extranjera y una posible disminución del turismo en Catalunya, la asociación finalmente se dirige a los ciudadanos del resto de España para que “no se dejen llevar por extremismos ni injustos boicots a productos catalanes. Ese es el juego de crispación y resentimiento que alimenta el separatismo en Cataluña”.