Después de constatar el respaldo parlamentario del PSOE y C’s, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, puso fecha al ultimatum planteado al presidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont, para que aclare si declaró la independencia de Cataluña en su alocución del martes en el Parlament, aunque la dejó en suspenso para negociar, o si no lo ha hecho, como sostuvo el vasco Aitor Esteban, en el debate que por fin celebró el Congreso de los Diputados diez días después del referendo ilegal del 1 de octubre. El requerimiento que el jefe del Gobierno ha enviado al del Ejecutivo catalán respeta el puente de la Fiesta Nacional y le da de plazo hasta el lunes a las diez de la mañana para responder. Y si no contesta, fija la fecha del 19 de octubre, jueves, para adoptar las medidas pertinentes.

La segunda decisión anunciada por el jefe del Ejecutivo en su comparecencia ante el pleno del Congreso sobre la crisis catalana ha consistido en aceptar la formación de una comisión de diálogo en el propio Parlamento para revisar la estructura territorial del Estado español y proponer las consiguientes reformas de la Constitución. La propuesta socialista fue explicada por su portavoz, Margarita Robles, quien apeló a los 140 años de historia del PSOE, destacando su lucha por las libertades y la convivencia en una España diversa. No pronunció el término «nacionalidades» al que, sin embargo, apeló Pablo Iglesias, de UP, para subrayar que la soberanía compartida es un hecho en la UE y en muchas áreas del propio Estado español como la fiscalidad en los casos de Navarra y Euskadi.

Robles evitó criticar la gestión de Rajoy del problema catalán (sólo criticó el envío de policías y guardias civiles en «condiciones deplorables») y coincidió con el jefe del Gobierno en rechazar los mediadores entre ambos gobiernos. «No necesitamos más mediadores que nosotros mismos como representantes de la soberanía nacional», dijo. El portavoz de ERC, Joan Tardà, anticipó que no participarán en la comisión de diálogo sobre el nuevo modelo territorial. El del PDCat, Carles Campuzano, evitó aclarar si les viene bien o mal esta plataforma de diálogo y se limitó a pedir la dimisión del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por la intervención policial y a proclamar: «Hemos decidido que queremos decidir».

Más impulsivos que el propio Rajoy, Albert Rivera, de C’s, e Isidro Martínes, del Foro Asturias, reclamaron medidas contundentes inmediatas, es decir, la aplicación del artículo 155 y la suspensión de la autonomía catalana para, según Rivera, resolver el problema de la convivencia en Cataluña por la vía democrática, celebrando elecciones autonómicas e intentando reducir a su propia dimensión al independentismo radical.

Rajoy quiso dar tiempo al tiempo y evitó responder abiertamente a los impulsos intervencionistas, contra los que se pronunciaron los portavoces de las confluencias de Podemos, incluído el dirigente de Izquierda Unida, Alberto Garzón, quien dejó clara su cultura política del PCE, contraria a la independencia. Con la excepción de ERC y la renuencia de un sector de Podemos, todos aceptaron la vía del diálogo abierta por la comisión parlamentaria específica.

Poco más dio de sí el pleno, salvo la palabrería al uso con algunos destellos de brillantez de la gallega Yolanda Díaz (en Marea) y del valenciano Joan Baldoví (Compormís). Rajoy esgrimió las declaraciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y de la Junta Electoral Central para considerar «radicalmente nulo» el referendo, que tildó de «golpe» a la democracia, manifestó su reconocimiento a los jueces, fiscales, policías y guardias civiles y culpó al independentismo de «intentar acabar con la mejor época de la historia de Cataluña».

El presidente citó la fuga de empresas y la suspensión de reservas turísticas, superior a la que se produjo tras los atentados yihadistas, dejando el trazo grueso para su portavoz, Rafael Hernando. Éste tildó de «pucherazo» el resultado de las votaciones, vio en la manifestación españolista del 8 de octubre en Barcelona «un nuevo espíritu de Ermua», dijo que las empresas «no se van porque quieren, sino porque las echan» y, tras defender a su colega Pablo Casado, criticado por algunos portavoces por pronosticar para Puigdemont lo mismo que para Companys (fue entregado por la Gestapo y fusilado por Franco), terminó citando a Cambó: «La Cataluña grand, la España grande».