Mesa-debate del Ciclo de Infraestructuras celebrado en Sant Just Dervern

El incremento de la burbuja de precios, así como la falta de actuación pública en una cuestión clave como el alquiler social, se ha convertido en una problemática que requiere atención y asistencia por parte de las administraciones públicas. Sobre este y otros temas se ha debatido en una nueva mesa del ‘Cicle d’Infraestructures’ celebrado en Sant Just Desvern.

Carme Trilla, actual presidenta del Observatorio Metropolitano de la Vivienda y ex secreataría general de Vivienda de la Generalitat, ha defendido la idea de promover el alquiler como una solución a la dificultad para acceder a la vivienda, pero moderando los actuales precios que son desorbitados.

En la actualidad, el 45% de las familias catalanas dedican más del 40% de sus ingresos a los gastos de la vivienda; cuando la media en Europa es de un 10%.

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Este párrafo no es otro que el artículo 47 de la Constitución Española, que define, pues, el acceso a la vivienda como un derecho fundamental de la ciudadanía. Sin embargo, cuando bajamos a pie de calle, la realidad es bien distinta; los desahucios siguen produciéndose, pero según distintos departamentos de Servicios Sociales, son más numerosos los provenientes de pisos de alquiler, que no de propiedad.

Más alquiler asequible
En este sentido, la actual presidenta del Observatorio Metropolitano de la Vivienda (O-HB), Carme Trilla, en una excelente radiografía del sector, ha apuntado la necesidad de ampliar notablemente la cantidad de pisos de alquiler social como medida para equilibrar el mercado actual en el ámbito metropolitano: “El alquiler está, en general, muy poco trabajado. Es cierto que en Barcelona tiene altos niveles similares a los de España e Europa, pero es un alquiler que está en un 99% en manos privadas. Es la principal diferencia con Europa: tenemos una oferta de alquiler social de corto volumen. En el área metropolitana hay 20.000 pisos, lo que representa solo un 1,5%”, ha dicho Trilla.

En este sentido, la experta en el sector ha apuntado al concepto de “solidaridad urbana” –medida exportada de Francia- que el Plan Territorial Sectorial de la Vivienda de Cataluña está introduciendo y que marca a los municipios el objetivo de contar, en los próximos 20 años, con el 15% de pisos de alquiler a precios más asequibles respecto al total del parque de viviendas.

Trilla ha apuntado, como fuente del origen, a la fractura que hubo entre los años 1997 y 2007 entre los salarios y el precio de la vivienda. Mientras los primeros solo subieron un 30%, el sector inmobiliario se encareció en un 300%, una “brecha” que ahora se podría volver a repetir: “Tenemos todos los indicios de que estamos iniciando un proceso expansivo tanto en los pisos de alquiler como en los de venta”. Un fenómeno que podría volver a poner en dificultades a muchas familias.

Porque en Cataluña y España, según ha dicho la presidenta del O-HB, existe una tasa de sobreesfuerzo que cuadriplica las medias europeas. Mientras en la media de la UE es de un 10%, en nuestro caso, hay un 45% de familias que destinan más de un 40% de sus ingresos a los gastos relacionados con la vivienda (coste del inmueble y servicios).

Gran parte de la culpa de estos datos, según Trilla, es el “desierto” que desde hace siete años hay en la Administración desde el punto de vista de las políticas de vivienda: “Las Administraciones públicas se han olvidado de las políticas de vivienda. Todas se han declinado por dar solución social a los que perdían la vivienda”. De esta manera, pues, desde 2010, “las políticas estratégicas para favorecer el acceso asequible a la vivienda se han desdibujado”. Prueba de ello es que el Ministerio de la Vivienda se haya perdido (ahora está camuflado como dirección general) y que también perdiera la consejería en Cataluña, aunque ahora se ha recuperado.

A modo de conclusión, Trilla ha enumerado las distintas opciones para mejorar el sector: reducir la cantidad de inmuebles vacíos todavía en manos de bancos y que representan un gran potencial; resolver los problemas de financiación (las entidades financieras no ven claro destinar recursos al alquiler, mientras que la administración pública debe sobreendeudarse); producir de manera directa vivienda como, en el caso del área metropolitana, a partir de la colaboración público-privada y, entre otras cuestiones, actuar, en cualquier caso, no solo sobre nuevas viviendas, sino también de la mano del urbanismo y transformando lo ya construido. Porque, según Trilla, los cambios demográficos plantean un nuevo peligro: “Que la gente mayor pierda su vivienda, algo que nunca había pasado”.

Principal preocupación
Por su parte, el diputado de urbanismo y vivienda de la Diputación de Barcelona, Josep-Ramon Mut, ha respondido de entrada a la pregunta de la mesa: “No es una misión imposible, pero sí es una misión muy complicada”. Así, pues, para poner remedio al debate, Mut apuesta por una política “transversal y continua”, de la misma manera que Trilla defendía políticas a largo plazo.

De hecho, no es posible mirar a otro lado, según él y según la encuesta de la Diputación de Barcelona en relación a las principales preocupaciones de los municipios de la demarcación. Un 37% de los municipios tienen como primera preocupación el acceso a la vivienda; mientras que el 34% entienden que es la desocupación: “Es decir, que 2 de cada 3 municipios de la demarcación entienden que la principal preocupación tiene algo que ver con la vivienda”.

Con todo, Mut considera que los Ayuntamientos están limitados a la hora de realizar políticas de vivienda y, por tanto, cree “que no se les puede culpabilizar; tenemos los recursos que tenemos”. Igualmente, el diputado ha explicado medidas que desde la Diputación de Barcelona se están llevando a cabo como el ‘tampteig i rastracte’, que permite a la administración pública adquirir propiedades; o las propuestas de rehabilitación de inmuebles a cambio de que el propietario rebaje el precio del alquiler.

“Momento dramático”
Más crítico ha sido el presidente de laFundación ‘Cercle d’Infraestructures’, Pere Macias, que ha definido como ‘dramática’ la situación actual, después que la administración “haya parado totalmente las políticas de vivienda”. Macias ha enumerado una serie de problemas como, por ejemplo, la obsolescencia del parque actual, con muchas viviendas de los años 60 y 70 por remodelar; la falta de infraestructuras de muchos barrios; las viviendas ocupadas o la tentación del uso turístico de los inmuebles.

Por su parte, el alcalde de Sant Just Desvern, Josep Perpinyà, ha criticado la falta de predisposición de los bancos a la hora de ofrecer financiación: “Cuando piden los avales, piensan que todo lo vamos a hacer mal y, por tanto, lo hacen sobre la totalidad. Y si hay un bloque de 40 pisos, reclaman un aval de morosidad como si todos fueran a ser morosos”, algo que se concreta, perfectamente, en dos millones de euros para un Ayuntamiento.