El Gobierno no quiere hablar de «presos políticos», en referencia a los Jordis, acusados de «sedición» y encarcelados el lunes por su señoría Lamela, la jueza de instrucción de la Audiencia Nacional que les llamó a declarar después de interrogar al jefe de la Policía catalana, al que, con los mismos cargos, dejó en libertad. Ni el presidente Mariano Rajoy ni la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría dieron por oídas las referencias de Jordi Xuclà (PDeCAT) y Joan Tardà (ERC) a los dos primeros «presos políticos» catalanes, el señor Cuixat, presidente de la entidad cívica independentista Ómnium Cultural, y el señor Sánchez, presidente de la no menos independentista Asamblea Nacional de Cataluña, «dos personas pacíficas con una trayectoria intachable», según Tardà quien, de paso, podía haber ilustrado a los diputados sobre la pasta gansa que reciben de la Generalitat (dinero de los contribuyentes) para tareas culturales, de agitación y propaganda.

Tampoco a la presidenta del Congreso, Ana Pastor Julián, le gusta que los diputados de UP, ERC y PDeCAT exhiban pancartas pidiendo la libertad de los Jordis, como hicieron el miércoles. «No van a contaminar el Congreso», les dijo antes de soltarles una reprimenda profesoral: «Aquí hay libertad, se pueden defender las ideas con la palabra, no con el espectáculo que estamos viendo últimamente». De paso podía haber ilustrado a los diputados por qué la palabra escrita en versales del cuerpo cuarenta y ocho se considera espectacular y los abucheos que todavía resuenan en la Cámara al señor Borrell en un debate con el señor Aznar y en los que ella participó no eran tan espectaculares.

Habíamos quedado en que el pensamiento no delinque, en que la democracia española admitía la expresión de todos los credos e ideologías respetuosas con la democracia y con las creencias y militancias de los demás. También creíamos que la protesta pacífica era legítima. Incluso, como cantaba Luis Pastor, que el pensamiento es estar siempre de paso. Pero, al parecer, somos la paloma (o el palomo) de Alberti que cantaba Serrat: nos equivocamos, erramos porque la derecha (en este caso las derechas patrióticas española y catalana) evolucionan, se forran, pero no cambian. Lo suyo es encarcelar, eliminar al discrepante.

El presidente Rajoy aprovechó la petición de Xuclá de que no suspenda la autonomía de Cataluña («Usted no puede suspender la realidad porque la realidad es más fuerte que usted») para rogar al president Puigdemont que «recupere la sensatez y el equilibrio y conteste si ha proclamado o no la independencia de Cataluña». Si la ha proclamado, el Gobierno tiene la obligación de actuar, y si no lo ha hecho, le brinda el cauce del diálogo en el Parlamento para mejorar las cosas, es decir, la convivencia. De paso Rajoy podía haber ilustrado a sus señorías sobre si la «razón de Estado» debería animar a los creadores del problema político catalán a abandonar la política.

¿Y que ocurrirá ahora?, preguntó el señor Rivera (C’s) a la vicepresidenta Santamaría. Pues a menos de veinticuatro horas del ultimatum a Puigdemónt (ella prefiere el término «requerimiento»), se aplicará el artículo 155 de la Constitución «para recuperar la autonomía y preservar la recuperación económica», contestó la vicepresidenta. De paso podía haber aclarado que el precepto constitucional se estableció para todo lo contrario, es decir, para suspender la autonomía cuando las acciones de los poderes autonómicos perjudiquen al interés general. En este sentido, el ministro de Economía, De Guindos, responsabilizó a los independentistas de la caída del crecimiento del PIB en cinco décimas (5.000 millones de euros).

Santamaría recomendó a Rivera que «piense más en España que en hacer oposición» y le aseguró que le mantendrá cumplidamente informado (también al socialista Pedro Sánchez) sobre las escenas que han de venir. Se mostró comedida, lo cual es lógico, pues tampoco conviene adelantar un guión que pasa por suspender a Puigdemont en sus funciones (a él y a su Gobern), disolver el Parlament –«clausurado desde hace un mes», denunció Rajoy– y convocar nuevas elecciones, algo que el dirigente de C’s desea que ocurra cuanto antes, es decir, antes de que empeore la situación en Cataluña y los «sediciosos» se organicen más y mejor de lo que ya están.

Con esta situación de tensión sobre la ruptura de España que protagonizan las derechas se comprenderá que la financiación ilegal del PP sea una cosa muy antigua para el señor Rajoy ante el «inquisidor» Iglesias Turrión, y que los 45 vetos que el Gobierno «dialogante» lleva interpuestos a otras tantas iniciativas sociales de la oposición para mejorar la vida de los ciudadanos sólo merezca una respuesta tan indecente y falsa como que «desajustarían el déficit en tres puntos, 30.000 millones de euros, según me dicen». De paso, podía haber aclarado quién le dice eso. Y puesto que seguramente el dicente sea el ministro Montoro, de paso podía haber aclarado si el de 2017 es el último Presupuesto de esta legislatura.

La sensación de incompetencia y bloqueo por la burda manipulación política del problema catalán, rentable en votos para el mal entendido patriotismo constitucional del PP y para el inconstitucional de la coalición independentista Junts pel Sí, recuerda a ese señor que provisto de brocha y caldero decide barnizar el suelo y avanza en la faena hasta quedar aislado en un rincón del que no puede salir sin pisar el barniz. En esa tesitura pide ayuda, solicita que le pongan unos papeles de periódico para no estropear la faena ni deteriorar el calzado. Tal el caso de Puigdemont y Rajoy. Si alguien se la presta, debería ponerles una condición básica: que no pinten nada.