La situación en Cataluña, la gestión privada de servicios públicos, y las tensiones por la liberalización de algunos sectores económicos, han disparado los conflictos laborales.

Así, en relación a 2016, las horas perdidas por huelga aumentaron un 127% hasta el mes de septiembre. Por su parte, el número de trabajadores que secundó alguno de los 593 paros, creció todavía más, un 223%, en comparación con el mismo período del año anterior.

Una situación que no ha hecho más que agravarse en septiembre. Por un lado, con el estallido del conflicto vinculado al referéndum independentista en Cataluña. Y por otro, con la constatación de que empresarios y sindicatos no contarán en 2017, por primera vez en años, con una referencia que guíe la negociación salarial en los convenios.

El fracaso del pacto salarial entre sindicatos y empresarios afecta también sin duda a unas cifras que sin embargo se encuentran muy ligadas a la situación en Cataluña.

Así, la huelga en la enseñanza catalana contribuyó a hinchar las cifras de estos conflictos en septiembre. En el noveno mes, las horas perdidas por huelga subieron un 750% en los 55 paros convocadas ese mes, que secundaron unos 125.000 trabajadores.

El valor absoluto arroja mayor luz sobre la evolución de las huelgas. En total, en septiembre, se perdieron casi 3 millones de horas de trabajo, frente a las apenas 340.000 horas del mismo mes el año pasado.

Huelgas en transportes

Pero, antes de este ‘otoño caliente’, muy vinculado al conflicto catalán, el verano ya había dejado señales muy claras del incremento de la conflictividad laboral.

La normativa europea, que obliga a liberalizar la gestión portuaria, desencadenó en junio una huelga en la estiba, que solo pudo solucionarse con la intervención del Gobierno, y el compromiso de subrogarse a los trabajadores afectados por la reforma, tras cuatro meses de conflicto entre las empresas agrupadas en la patronal Anesco y el sindicato Coordinadora Estatal de los Trabajadores del Mar (CETM).

Apenas se había este conflicto cuando, a principios de agosto, saltaba en El Prat una nueva huelga. Los trabajadores del control de seguridad de Eulen, una empresa privada prestadora de este servicio en la instalación pública, desencadenaron una doble reacción del Gobierno, que, por un lado, mandó a la Guardia Civil para garantizar el servicio, y por otro activó un arbitraje obligatorio, a fin de zanjar el conflicto, que amenazaba con extenderse a otros aeropuertos españoles.

También este conflicto de El Prat tuvo importantes repercursiones, al referirse a la prestación de servicios públicos por empresas privadas. En este marco, los sindicatos arrancaron del Gobierno la promesa de revisar la legislación que afecta a estos trabajadores, que desempeñan su labor en contratas, muy especialmente del sector de la seguridad.

Mientras, patronal y sindicatos, tras el fracaso en julio de la negociación para la firma de un acuerdo sobre convenios en 2017, se afanan ahora por sellar un nuevo pacto. Esta negociación bipartita entre CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT, tratará de superar las grandes diferencias salariales que, junto a la inclusión de una cláusula antiinflación, impidieron el acuerdo en julio.