En el mundo real y despiadado que vivimos las lágrimas no apagan el fuego y solo nos dejan la tristeza y el dolor de aquello que pudo ser distinto si nosotros hubiéramos sido diferentes.  Con el paso del tiempo, desgraciadamente nuevos hecho nos hacen olvidar el anterior: Las vidas humanas, el destrozo de recursos naturales, la pérdida económica, el daño ecologico y el miedo y la angustia pasados.

En la sociedad del riesgo, peligro y prevención son dos caras de una misma moneda permanentemente lanzada al aire, que caiga de un lado o de otro que nadie piense que es cuestión de suerte. La sociedad avanzada del desarrollo tecnológico con modernas infraestructuras y veloces medios de transporte hacen que los factores que puedan provocar una emergencia o crisis de graves consecuencias crezcan a nuestro alrededor paulatinamente. El cambio climático y las transformaciones de los usos de la naturaleza también incrementan las causas de vulnerabilidad. Lo peor es no ser conscientes de ello. Ahora bien, el propio signo de la modernidad está en que estemos permanentemente analizando y previendo los factores de riesgos, y prepararnos como Estado y como ciudadanía para minimizar sus consecuencias y disminuir el perímetro de los riesgos. Aquí también estamos perdiendo el rumbo.

Un mayor riesgo es, en la política y en la acción pública, de nuestro tiempo es que las tareas de planificación se han ido abandonando y nos convertimos en cortoplacistas. Hacemos frente al problema del momento pero no elevamos la mirada más y el problema estallará de nuevo en nuestras manos. Esta mala práctica es copiada e imitada por  empresas y familias. Todos nos hacemos complacientes. Eso es hacer crecer exponencialmente los riesgos.

La planificación para la prevención de riesgos y emergencias no está solo en actuar sobre las fuentes posibles generadoras, sino que es necesario contemplar un universo mayor e integrar en un concepto amplio lo que podemos denominar planificación territorial, incluyendo tanto la esfera urbana como rural, lo público y lo privado. Evidentemente es una tarea que ha de tener un sentido descendente; el Gobierno (los gobiernos) es el que tiene que iniciar el proceso hasta llegar a la última y más pequeña aldea, desde estas a los intereses individuales.

Lo esencial es que todas las Instituciones asuman que es una cuestión de Estado y prioritaria formando parte de la cultura cívica. Ello implica que todo ciudadano adquiere un deber y un derecho con la comunidad en defensa del interés general. Es difícil cuando el Estado se ha convertido en ente laso.

No se puede confundir la solución a este problema con la mera dotación de normas y medios materiales y crear una compleja estructura de gestión de nombre igualmente complicado. Tampoco en repartir reproches al gobierno cuando se es oposición y viceversa.

No vale que al final el único discurso posible a la Nación sea decir cosas como “este es el incendio más grande en la historia”, o “nada podría haberlos preparado para una emergencia de tal magnitud” o limitarnos a que el titular sea “el ranking” que ocupa en las desgracias conocidas. De igual modo la cuestión no es sólo pensar en el día después de cómo se va a realizar la reconstrucción de lo destruido reforestando lo arrasado y apoyar a las zonas dañadas y dictaminar en cuánto tiempo se va a tardar en volver a la normalidad. En el caso de los incendios que con frecuencia sufrimos cada uno de los muertos, los hogares destruidos y los millares de hectáreas consumidas de riqueza nacional nos debería hacer pensar que algo viene fallando seriamente desde hace tiempo en el sistema y aunque estemos convencidos de estar en el camino certero y es seguro que nos estemos equivocando.

El objetivo que tiene que tener todo gobernante que se precie de serlo es  evitar que la producción de estas situaciones tenga la magnitud que en estos momentos tienen y que en todo caso la pérdida de vidas humanas puedan evitarse y los quebrantos económicos disminuirlos.

Lo sucedido nos demuestra que España tiene ante sí grandes retos aún en su un proceso complejo de transformación y modernización. Las Administraciones Públicas tiene la obligación de que los ciudadanos sientan la protección del Estado, su seguridad ante el riesgo: organización, normativa, medios materiales equipos humanos y colaboración cívica. Reaccionar rotundamente ante el cambio climático y ante la actitud de esta vieja forma de terrorismo.

Esta es una cuestión de Estado que ha de comprometer a todos sin color político ni partidario que lo contamine. No se puede decir que se estamos preparados cuando los sucesos con graves consecuencias se producen con tantísima frecuencia. Lo sucedido en Galicia exige que se asuman las responsabilidades políticas otra cosa es una tomadura de pelo.

 

Alvaro Frutos fue Director General de Crisis en la Presidencia del Gobierno entre 1987 y 1996