Depredadores de lo público

29/10/2017

Miguel Ángel Valero. Los catedráticos de Derecho Francisco Caamaño, José María Gimeno y Gonzalo Quintero, y el expresidente del Supremo y del Constitucional, Pascual Sala, reflexionan sobre las formas de gestión de los servicios públicos.

Tengo que reconoce que cuando me llegó un libro titulado «Servicios públicos e ideología. El interés general en juego» (Profit Editorial, 197 páginas), casi me asusté. Es cierto, tras leerlo, que el plúmbeo título no hace justicia al interesante trabajo de reflexión sobre las formas de gestión de los servicios públicos y de las actividades de interés general realizado por los catedráticos de Derecho Francisco Caamaño (el último ministro de Justicia de Rodríguez Zapatero), José María Gimeno y Gonzalo Quintero, y al expresidente del Tribunal Supremo y del Constitucional, Pascual Sala.

Los autores advierten sobre las consecuencias del pretendido regreso a la separación formal entre lo público y lo privado, cuando «vidas privadas patrimonializan la acción pública». «La (re)municipalización se está convirtiendo en una palabra de moda, cargada de cierto atractivo político en su fachada exterior», avisan (página 15).

El punto de partida es «sacar partido a las lecciones de la historia y poner fin a los depredadores de lo público o, cuando menos, dificultar al máximo sus posibilidades de existencia» (página 29). Para ello, los autores huyen de dogmatismos y de demagogias sobre lo público: «la gran mayoría de los servicios públicos no serían lo que han llegado a ser sin la colaboración financiera, la participación y la gestión o co-gestión de la iniciativa privada» (página 15).

Esta colaboración entre el sector público y el privado debe generar cuatro objetivos: «mayor eficiencia económica, implicación más directa del sector privado, aumento y mejora de la cantidad y calidad de los equipamientos y servicios públicos, y la posibilidad de soslayar las restricciones financieras públicas» (página 19).

La obra deja muy claro que «cuando se pretende que un servicio público vuelva a ser ofrecido mediante gestión directa, la decisión de reinternalizar este servicio no puede ser discrecional para la Administración, sino que debe obedecer a una causa justificada» (página 20). Esa decisión «deberá justificarse en la mayor calidad y eficiencia de la prestación» (página 21).

Capitalismo de granujas

Son especialmente interesantes las reflexiones sobre lo que denominan «gran crisis». «Ha puesto sobre la mesa de nuestros derechos y libertades las miserias de la desregulación y del (re)pliegue del Estado en ámbitos socialmente estratégicos. Y también las consecuencias de una democracia desparticipada y desacreditada, en la que los perfiles personales han sustituido a las ideologías» (página 24).

La privatización del Estado se ha visto «como una oportunidad para hacer negocios en la que ha encontrado adecuado cobijo el capitalismo de granujas» y «los depredadores de lo público» (página 27).

Pero «ni todo sujeto privado es un deprededador de lo público, ni cabe confundir la gestión pública con la gestión de servicios públicos«. «Una buena gestión pública puede implicar, en ocasiones, mantener durante un tiempo servicios que no son económicamente rentables pero que sí lo son desde una perspectiva social. Del mismo modo, la buena gestión de los servicios públicos no es garantía de una buena gestión pública» (página 28).

Ideologización de la gestión de los servicios públicos

En la misma línea está el prólogo de José Luis Bonet, presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industrika, Servicios y Navegación de España. «Se extiende la idea de que la empresa privada no está legitimada para gestionar los servicios públicos y que éstos deben ser asumidos por las autoridades públicas» afirma. La consecuencia es que «el modelo de cobertura de servicios públicos esenciales por parte de empresas privadas está en un momento crítico, que puede comprometer su viabilidad y afectar seriamente a la calidad de esos servicios que recibe la ciudadanía y por los que paga sus correspondientes impuestos».

Para Bonet, «lo esencial, desde la perspectiva del ciudadano y la protección de sus derechos, ha de ser la mejor prestación del servicio público, al margen de quién sea el que se encargue de su gestión».

«La colaboración siempre es más productiva que el enfrentamiento«, señala. «La cooperación público-privada en la gestión de servicios conlleva ventajas innegables para el conjunto de la sociedad», concluye.

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