El proceso de Bolonia en España: objetivos pendientes y oportunidades viables

30/10/2017

Antonio Obregón, vicerrector Uni. Comillas. Sería injusto no reconocer los progresos alcanzados.

Foto obtenida de la web de la Universidad de Comillas.

El 29 octubre de 2017 se han cumplido diez años de vigencia del Real Decreto 1393/2007, norma que, además de materializar la convergencia de España hacia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), ha transformado considerablemente las enseñanzas universitarias. La implantación del EEES, comúnmente conocida como proceso de Bolonia, ha venido intensamente marcada por una cuestión en cierta medida marginal, como es la inacabable discusión sobre la duración de los Grados, alimentada por el perturbador RD 43/2015 (el famoso Decreto “3+2”, también conocido como “4-1”). Pero, en realidad, más allá de este punto, tanto la Declaración de Bolonia de 1999, impulsora de este proceso, como la norma española que la implementa han supuesto otros cambios de mayor trascendencia.

En efecto, la Declaración de Bolonia nació con el firme propósito de incrementar la competitividad de las Universidades europeas, en cierto declive frente a la pujanza creciente de las Universidades norteamericanas, pero también de otros continentes como Asia y Oceanía. Durante la segunda mitad del siglo XX, las Universidades europeas han venido perdiendo posiciones en los ránkings más manejados mediáticamente, en favor de las estadounidenses, canadienses y australianas, y en los últimos tiempos también del este asiático. A nadie se le escapa que la capacidad de retener talento interno y atraer el externo, es decir, capital humano de excelencia en el entorno académico, volcado después en el terreno profesional, constituye un factor de desarrollo económico de especial valor cualitativo. Pues bien, conscientes de la conveniencia de reclutar más estudiantes de alto nivel, fundamentalmente de máster y de doctorado, la Declaración de Bolonia pretendió revertir la tendencia siguiendo dos principios fundamentales: por un lado, impulsar una “Europa del conocimiento” mediante la armonización de los sistemas universitarios de los distintos países y, por otro, y sobre todo, aumentar la calidad demostrable y, consiguientemente, el prestigio de las Universidades europeas, con el fin de lograr competir en mejores términos en el ámbito de la educación superior “globalizada”. La concreción de estos principios debe ser la construcción de un sistema de títulos comprensible, comparable y compatible entre los distintos sistemas universitarios de los países que han suscrito la Declaración de Bolonia, en el que los procesos de aseguramiento de la calidad universitaria cobran mayor significación.

Por su parte, el legislador español de 2007 procuró trasladar estos objetivos a nuestra normativa de manera más específica. Podemos citar las siguientes intenciones fundamentales de nuestra regulación: el incremento de la autonomía universitaria a la hora de diseñar planes de estudio, con más libertad en la creación de títulos y en la configuración de sus contenidos para conseguir mayor adaptación a las demandas formativas del mundo profesional; a cambio, la configuración de sistemas oficiales de evaluación y acreditación de los títulos cuya finalidad es tratar de garantizar su calidad; la modernización de las metodologías docentes, con énfasis en el aprendizaje del estudiante y en sus resultados; en línea con lo anterior, la asunción como concepto clave de la medición de la duración de los estudios el llamado crédito ECTS, que permite estructurar los planes de estudio de una manera uniforme en todos los sistemas universitarios europeos, en función del cómputo de la carga de trabajo determinada que el alumno ha de afrontar para superar los objetivos formativos de una asignatura o materia; la multiplicación de las posibilidades de movilidad de los estudiantes, facilitada por la mayor compatibilidad de los planes; la potenciación de la continuidad en la formación universitaria con el reforzamiento de los másteres oficiales, con vistas a apoyar la especialización tendente a enriquecer las competencias requeridas para la inserción profesional o, también, a iniciarse en tareas investigadoras; y, principalmente, la preocupación por incorporar elementos orientados a acrecentar la empleabilidad de los egresados, como la inclusión de prácticas en el currículum académico y la participación de los empleadores en los procesos de gestación y evaluación de los títulos.

No resulta fácil aún discernir el grado de cumplimiento de estos objetivos, ya que apenas han transcurrido cuatro o cinco años de las primeras promociones de graduados según la nueva ordenación de las enseñanzas. Tal vez en la sociedad española han predominado los juicios negativos sobre el proceso, acentuados por la repercusión evidente en la educación —también la superior— de la crisis económica, coincidente en gran medida con la implantación del EEES. Pero sería injusto no reconocer los progresos alcanzados en estos diez años en el sistema universitario español para internacionalizar notoriamente su docencia y su investigación y remozar destacadamente la oferta académica. Con una mayor capacidad de generar títulos para atender las necesidades formativas emergentes; con cierta flexibilidad para actualizar sus contenidos; haciendo hincapié en un aprendizaje más activo que estimule la adquisición de las competencias que reclama el mundo laboral; recalcando, con los programas de movilidad, la importancia de la amplitud de miras, la formación en idiomas y la interculturalidad; aprovechando la oportunidad de profundización que brindan los másteres; aportando al alumno primeras experiencias de acercamiento al ámbito profesional mediante las prácticas; y, sin menoscabo de la formalidad y el rigor académico, acogiendo amigablemente las colaboraciones ofrecidas por instituciones y empresas, las Universidades están en condiciones propicias para servir a la sociedad mediante la formación de estudiantes que puedan ser más apreciados como profesionales, cumpliendo así, cabalmente, con las más nobles aspiraciones de la Declaración de Bolonia y, sobre todo, con una parte de su misión universitaria.

Antonio Obregón García.

Antonio Obregón García es vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, y profesor ordinario de Derecho Penal, en la Universidad Pontificia Comillas (en Twitter, @UCOMILLAS )

 

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