A la derecha le gusta la cárcel, no para entrar, sino para meter. Podríamos decir que la derecha española se ha pasado toda la vida encarcelando a los que discrepan de su santísima trinidad política: el orden (su orden), la disciplina (su disciplina) y la jerarquía (la suya). La derecha carcelera cree que con los calabozos y la guardia civil se resuelven los problemas y se recupera el sosiego, aquella tranquilidad de la dictadura que tanto elogiaba don Jaime Mayor Oreja. La izquierda española detesta, en cambio, la cárcel porque la ha sufrido por motivos políticos y sociales, aunque muchos prefieran ignorar el pasado. Me contaba Curro López del Real, diputado por Huelva, que después de la guerra (1936-39) le detuvieron por rojo (era dirigente de Juventudes Socialistas) y le encuadraron en un batallón de trabajos forzados. Era un hombre pequeño, simpatiquísimo. Todos los días les sacaban muy temprano, en fila de a dos, para llevarlos al tajo. Él era el más bajo y cerraba la formación. Un día preguntó a su compañero en voz alta para que lo oyera el guardia, que iba detrás, si llevaba el «ferrolito imantado». El colega se encogió de hombros sin entender nada. Curro repitió la pregunta varios días, incluido aquel que amaneció con una niebla muy espesa. «¿Otra vez te has dejado el ferrolito imantado?», le reprochó al compañero y se volvió corriendo a buscarlo. El guardia, que a saber lo que pensaría que era eso del «ferrolito imantado», aceptó que volviera a buscarlo, pues apenas les separaban cincuenta metros de la puerta de la prisión, que permanecía abierta. Esa distancia fue suficiente para que Curro se perdiera entre la niebla, llegara a la estación, subiera al primer tren y después de muchas vicisitudes fijara su residencia en Bruselas, donde desvivió la mayor parte de su vida. Si alguien le preguntaba cómo escapó de la cárcel, él contestaba: «Con mucho valor».

Conocí a muchos otros socialistas y comunistas que perdieron la libertad personal por empujar los derechos sociales mínimos y la libertad colectiva, y ninguno, absolutamente ninguno de ellos quería la cárcel para los adversarios políticos. Incluso Simón Sánchez Montero, de larga trayectoria comunista, que fue diputado por Madrid a pesar de que Ramón Tamames le quiso quitar el puesto, se sentía agradecido al presidente del Tribunal de Orden Público (TOP), el magistrado Mariscal de Gante, porque le condenó como «terrorista» y no como comunista. ¿Qué clase de terrorista podía ser Simón si era incapaz de matar una mosca? Por terrorismo caían 20 años y por comunismo (rebelión) 25 años, un cuarto de siglo.

Viene el recuerdo de Curro a cuento de las diferencias entre un exiliado político y un político como el expresident de la Generalitat de Cataluña, señor Puigdemont, huido a Bruselas con cuatro exconsellers destituidos para no comparecer ante la justicia española que este jueves, 2 de noviembre, ha ordenado prisión incondicional para los restantes miembros de su gobierno, debido al riesgo de fuga, según el auto de la jueza de la Audiencia Nacional, ese tribunal especial creado como continuación del TOP por indicación del magistrado Mendizabal para los grandes delitos. Y viene el de Simón a cuento de que Fiscalía del Estado les acusa de rebelión (además de sedición y malversación). Cuando escribo estas líneas, ya están en los módulos de ingreso de la cárcel de Estremera el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, y su colega de Interior, el alto Forn; en Navalcarnero el señor Rull (exconseller del Territorio); en el penal de Alcalá de Henares los exconsells Borrás y Bassa; en el de Aranjuez, sus colegas Mundó y Vila, si bien éste último podrá salir con una fianza de 50.000 euros, y en el de Valdemoro, Turill y Romeva, quien procedente de Iniciativa per Catalunya encabezó las elecciones de 2015 con el programa independentista de ERC y CDC.

Ya se recordará que poco después de aquellas elecciones en las que los independentistas y la CUP obtuvieron la mayoría absoluta, el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, presionó al fiscal Torres Dulce para que ejerciera la acusación contra ellos y que éste consideró que el problema era político y no judicial y prefirió dimitir. Ahora trabaja en el despacho de Garrigues. Tras una solución transitoria con la fiscal Madrigal, Rajoy y su ministro de Justicia, del clan pontevedrés, Catalá Polo, encontraron a la persona adecuada, el magistrado de lo penal que defendió el voto particular contra el juez Baltasar Garzón en la causa de las víctimas del franquismo, el señor Maza, y le nombraron Fiscal General del Estado para castigar a los malos, sobre todo si son enemigos políticos. Y a ello, a encarcelarlos se dedica de buen grado ese hombre con la inspiración del jefe de la derecha.

Más allá de las calificaciones judiciales, a esos presos los votaron (eligieron) con un programa que sabían que era imposible cumplir porque desbordaba el marco constitucional. Su principal falta fue la obcecación, la necedad, esa idiocia en la que algunos persisten. Mintieron a la gente y eligieron a sabiendas un camino bloqueado, provocando frustración y daño. Pero la mentira y la necedad no son delito. Si lo fueran nos quedaríamos sin políticos. El asunto es otro: después de intervenir la autonomía catalana y convocar elecciones, el encarcelamiento del adversario por el que ha optado la derecha estatal a través de la Fiscalía parece el mejor camino para mantener la tensión. ¿Por qué? Mientras Podemos rechaza esa solución el actual PSOE guarda silencio.