Además, el Departamento que dirige Cristóbal Montoro reclama que se identifique a los responsables de la Generalitat catalana y a los de ambas asociaciones independentistas y se fijen las indemnizaciones que procedan.

El escrito, recogido por Europa Press, está firmado por el Secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, y en el se recogen los más de 14 requerimientos que envió el Ministerio de Hacienda al Gobierno de Carles Puigdemont para exigir información sobre, entre otras cosas, las partidas de dinero público que se podían estar destinando al referéndum del 1 de octubre, como una de 3,43 millones de euros bajo el epígrafe «publicidad, difusión y campañas electorales». En el texto se incluyen también las contestaciones de la Generalitat, consideradas incompletas o insatisfactorias por parte de Hacienda, así como los cuatro escritos remitidos por el Ministerio a la Fiscalía General del Estado a lo largo de los meses de septiembre y octubre poniendo estos hechos en su conocimiento. Entre ellos, el incumplimiento de los requerimientos de información que se habían cursado al DIPLOCAT ante la sospecha de que este organismo de la Generalitat pudiera estar pagando con dinero público a los observadores internacionales.

La carta hace un recorrido de los hechos desde el 9 de noviembre de 2015, cuando el Parlamento de Cataluña aprueba con los votos de Junts pel Sí y la CUP el «inicio de un proceso constituyente no subordinado» en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015.

Tras este relato, se exponen las «innumerables» declaraciones públicas de miembros de la Generalitat de Cataluña para «manifestar la existencia de medios materiales y humanos». Y cita: la presentación pública de las urnas; el número de estas y de colegios; el transporte de las mismas a los colegios teniendo en cuenta que eran 2.315 centros de votación; el empleo de las infraestructuras de éstos -agua, luz, limpieza y gastos de personal-; la campaña institucional así como los medios informáticos empleados en el 1-O. Sobre estos últimos se detiene en los llamamientos realizados tanto por Puigdemont como por Junqueras para que los ciudadanos utilizaran para votar aplicaciones en las redes sociales. Así, el presidente de la Generalitar anunció a través de Twitter una que está registrada a nombre de Catalonia Voting Software para consultar la información del censo; mientras que el vicepresidente publicó tres nuevas maneras de conocer el censo: por la aplicación de mensajería Telegram, por Twitter y a través de una dirección de correo electrónico.

El secretario de Estado de Hacienda destaca también el papel «principal» llevado a cabo en la «organización, promoción y presunta financiación de la actuación ilegal» del referéndum del 1-O por parte de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural y denuncia que pueden haber empleado «fondos públicos», ya que se nutren de ellos, para realizar actividades «ilegales o contrarias a las resoluciones de los Tribunales». Apunta, en este sentido, que ambas asociaciones repartieron 1 millón de papeletas de votación. En este punto, recuerda al Fiscal del Tribunal de Cuentas, que la «aparente utilización de recursos públicos» por ANC y òmnium está siendo objeto de investigación policial y judicial.