Puigdemont y los papeles de Bruselas

07/11/2017

Teodoro Millán.

Hay un elemento de prepotencia en la huída a Bruselas de Puigdemont que se escapa a la percepción en el clamor mediático de la batalla. Un elemento que es una mera extensión de las causas destapadas por el caso de los llamados papeles del paraíso. Se trata del arrogarse el derecho a elegir la jurisdicción más conveniente para complicar la acción de la justicia, algo fuera del alcance del común de los mortales.

Puigdemont trata de beneficiarse acogiéndose a un aparente derecho de defensa, situándose a dos pasos de distancia de la acción directa de la justicia. Su argumento es, necesariamente, poner en duda el funcionamiento de esa justicia. Se beneficia entonces de manipulaciones ventajosas para ofrecer someterse a la jurisdicción que le es más favorable, al igual que los evasores fiscales tratan de situarse en la jurisdicción fiscal más ventajosa. Un comportamiento reservado a quien se lo pueda pagar y, por ello, rigurosamente anti-democrático. Perseguido y criticado, no solo legalmente, sino por la opinión pública.

Resulta paradigmático de la confusión de conceptos reinante que dicho comportamiento no caiga en el mismo tipo de condena general que el de los evasores. Ayer mismo, uno de sus abogados explicaba el proceso seguido en La Sexta. Describía cómo Puigdemont se estaba beneficiando del asesoramiento profesional de un amplio equipo internacional de abogados, que había estudiado con detalle las ventajas e inconvenientes de distintas jurisdicciones. De ahí que Puigdemont, explicó, no optase por quedarse en Francia, que era una opción natural por la inmediatez. Por tanto, el sistema que ha seguido parece similar al de las empresas multinacionales y de las grandes fortunas objeto de los papeles del paraíso. Acceder al asesoramiento impagable de expertos para ubicarse en el territorio más ventajosos, eludiendo someterse a lo que necesariamente han de aceptar el resto de ciudadanos.

Que este sea el comportamiento de un líder político resulta paradójico. No basta con que un encausado tache a la justicia que lo persigue de manipulada para justificar su huída. También acusan los evasores fiscales de injusta a la tributación que les corresponde. Es necesario respaldar dichas denuncias con testimonios creíbles de instancias imparciales. De otra forma la denuncia, junto a la huída, fiscal o política, tiñe de duda la justificación del evasor. Y, si no, el camino más lógico sería solicitar el asilo político y denunciar las elecciones convocadas para el 21D. No haber hecho ni lo uno ni lo otro equivale a una confesión implícita de motivos inconfesables.

No se puede aceptar que un político se arrogue el derecho a elegir jurisdicción para aprovecharse de estructuras y asesoramiento del que solo unos pocos se pueden beneficiar. Más bien se espera de él que, como los líderes venezolanos, se gane su liderazgo ejerciéndolo al lado de sus votantes. Las cortes en el exilio son más propias de reyes depuestos que de líderes democráticos caídos en desgracia. En España tenemos experiencia de ello.

Lo que ha ocurrido, al contemplar la película en su conjunto, no encaja bien con la propuesta narrativa de persecución política de un líder que solo ha pretendido defender el derecho a votar de los ciudadanos. Es innecesario repetir que ese tipo de voto no responde a ningún derecho definido ni reconocido. Es más, que  nadie ha actuado contra Puigdemont por predicar y promover ese derecho, cosa hecha durante años por los líderes nacionalistas en total libertad. Más bien parece que lo ocurrido está más cerca de responder a lo que recoge una simple narración de los hechos; la promoción de un referéndum prohibido por un tribunal, la ejecución de una ley censurada por un tribunal, y la declaración de una independencia en contra de la Constitución, han dado lugar a la presunción de criminalidad. Sería una muestra de carencias democráticas que dichos hechos no fuesen seguidos de una actuación de la justicia. No se puede confundir el derecho de los nacionalistas e independentistas a defender su ideario, con el derecho legal a ejecutarlo.

Que un acusado decida arrogarse el derecho de beneficiarse de jugadas estratégicas para influir en la eficacia de las actuaciones de esa justicia, demuestra el carácter elitista de sus principios democráticos. Puigdemont pretende proyectar la imagen de víctima cuando la realidad, ateniéndose a los hechos, es que goza de una situación de privilegio, tanto frente a sus votantes como frente a buena parte de su gobierno. Esto es, su situación demuestra su creencia de que, frente a la ley, no todos somos iguales. Algo que ya se había evidenciado en el tratamiento de la oposición en la votación de la ley del desenganche en el parlament autonómico. Ahora queda por ver si, frente al ruido mediático, la judicatura belga se resiste a dejarse utilizar.

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