«Es una medida de gran calado potencial, con un potencial redistributivo muy significativo, y un gasto fiscal relevante», ha aseverado durante su comparecencia ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso, a la que ha sido llamado para dar su opinión sobre esta proposición de ley que tramita la Cámara Baja.

Así, Escrivá ha advertido que los costes que tendría esta prestación podrían suponer una elevación del déficit público entre medio punto y un punto del PIB, y que las perspectivas de la AIReF para España, aun sin esta norma, pasan por una estabilización del déficit público en torno al 2%, que estructuralmente alcanzaría el 2,5%. «Nos llevaría fuera del 3% (de déficit público) y nos sacaría fuera de la consolidación fiscal», ha avisado.

Además, ha señalado que la Administración Central y la Seguridad Social no sólo concentran gran parte de ese déficit, sino que incluso lo elevan, ya que la suma de las administraciones autonómicas y locales contabilizaría un superávit de en torno del 1%.

En su análisis sobre la proposición de ley, Escrivá ha cuantificado el coste de esta medida entre 6.000 y 13.000 millones de euros, aunque se elevaría a un umbral de entre 7.000 y 15.000 millones si se incluye el complemento por menor o persona dependiente a cargo.

En todo caso, ha puntualizado que las diferentes enmiendas podrían elevarla hasta 10.000 millones más -hasta 1.800 millones si no se requiere estancia previa, o hasta 8.000 millones si se eleva su cuantía hasta el 250% del salario mínimo- o incluso reducirla en 1.300 millones si el umbral para acceder a la prestación se fija en 26 años.

Respecto a las potenciales personas beneficiarias, el presidente de la AIReF se ha remitido a la Encuesta de Condiciones de Vida del INE para remarcar que hay casi 3 millones de personas que, entre 18 y 65 años, manifestaron no haber trabajado en los últimos 12 meses, aunque en función de la renta podrían situarse entre 1,9 y 2,2 millones de personas.