La propuesta, elaborada por ICEA en colaboración con el Instituto Complutense de Análisis Económico y la Universidad Complutense de Madrid, demuestra que un tratamiento fiscal favorable para los planes de empresa impulsaría la economía hasta mejorar un 8,5% el PIB y permitiría mantener el sistema público sin necesidad de incrementar las cotizaciones o reducir la tasa de sustitución. A juicio de los autores de este estudio presentado en Barcelona, “realizar cambios estructurales supondría asumir unos costes de transición, pero no hacerlos implicaría soportar efectos negativos sobre el PIB y el bienestar de la economía en el largo plazo”.

Para debatir y acordar las reformas, se propone la creación de un órgano consultivo y una comisión de control que supervise la implantación, el desarrollo y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. El modelo de pensiones mixto presentado por la Fundación Edad & Vida y VidaCaixa plantea la viabilidad económica a partir de introducir medidas que incentiven fiscalmente el ahorro para la jubilación a través de las empresas, lo que también mejoraría el PIB español en un 8,5%.

La OCDE estima que a mediados de siglo habrá ocho jubilados por cada persona en edad de trabajar. En un sistema de reparto como el español, basado en la solidaridad entre generaciones, son las cotizaciones de las personas en activo las que pagan las pensiones de quienes están jubilados. Por tanto, las tendencias demográficas apuntan a la inestabilidad del modelo actual a largo plazo. En la actualidad ya ha sido necesario aplicar medidas correctoras, como el retraso de la edad de jubilación, en aras de mantener el sistema público de pensiones y se prevé que factores como la tasa de sustitución (cuantía de la pensión en relación al último salario) sigan decreciendo.

Mantener el sistema público

El estudio plantea que para que esa tasa pueda mantenerse en el 80%, bajo el supuesto de que se alcance una estructura demográfica como la esperada para 2050, sería necesario incrementar las cotizaciones del 28,3% actual hasta el 37,4%. En caso de mantener las cotizaciones estables, la tasa de sustitución se reduciría al 63,6%. En cambio, el nuevo modelo defendido por VidaCaixa y la Fundación Edad & Vida “permitiría mantener el sistema público sin necesidad de incrementar las cotizaciones o reducir la tasa de sustitución”.

El desarrollo del segundo pilar a través de las aportaciones de las empresas y organizaciones, “permitiría que se extendiera el acceso al ahorro a largo plazo, reduciendo así la presión sobre el sistema público de pensiones”, explica María José Salcedo Cruz, directora del área de Investigación de ICEA y coordinadora del estudio que se ha alzado con el Premio Edad&Vida Higinio Raventós en su XII edición. Por su parte, José Antonio Iglesias, vicepresidente de Edad&Vida y subdirector general Comercial de VidaCaixa, un sistema de pensiones que promueva el desarrollo a través de las empresas permitiría “diversificar el riesgo y reducir la vulnerabilidad de cada uno de los pilares de ahorro a la inflación, los cambios poblacionales o los impactos financieros”.

El modelo mixto se alinea con las reformas llevadas a cabo en la mayor parte de los países de la OCDE en los que se ha promovido el desarrollo del llamado segundo pilar del sistema de pensiones (el financiado por ahorro colectivo a través de la empresa) como la mejor solución a los problemas de envejecimiento de las sociedades avanzadas.

Mejoraría el empleo un 2,2%

Según las previsiones que realiza el estudio, con una estructura demográfica como la que prevé el INE para 2025, la introducción de este modelo conseguiría mejoras en los principales indicadores macroeconómicos. Primero, en el PIB bruto de España, que ascendería un 8,5% si solo se aplicaran incentivos fiscales, y un 8,6% si se aplicara una parte con incentivos y otra de forma obligatoria. Y también mejoraría el empleo un 2,2%, mientras la tasa de ahorro podría llegar a crecer un 23%. En cuanto al índice de bienestar, entendido como el consumo a lo largo del ciclo vital, crecería un 9,9%, siempre según el mismo estudio.

Para los autores del informe, la aplicación de estos cambios, por su profundidad estructural, supondría asumir costes de transición. Sin embargo, afirman que “retrasar la introducción de medidas que modifiquen el modelo actual o no introducir ninguna, podría suponer una reducción del 6,3% del PIB en el largo plazo”.

Consenso social y político

Para la Fundación Edad&Vida, cualquier reforma del sistema de pensiones en España, entre ellas la que permita el desarrollo del segundo pilar, debería contar con un sólido consenso social y político, así como con el compromiso de los agentes sociales y la participación del sector financiero y asegurador. En este sentido, propone la creación de un órgano consultivo formado por representantes políticos, agentes sociales y representantes del sector financiero y asegurador que tendría por objetivo debatir y acordar reformas, junto con una comisión de control que supervisara el cumplimiento, la implantación y el desarrollo de los acuerdos alcanzados.

A la luz de los resultados expuestos en el estudio, la entidad apuesta por la implantación efectiva de este modelo mixto de reparto y capitalización impulsando el desarrollo del segundo y tercer pilar del sistema, en línea con las reformas que han llevado a cabo muchos países de la OCDE en los últimos años. La implantación debe realizarse de forma progresiva e instaurando sistemas que faciliten la transición, como los programas de inclusión automática de los trabajadores en planes de pensiones de empleo, y un tratamiento fiscal favorable y suficientemente atractivo.

La entidad considera que los sistemas de previsión y ahorro privados de carácter individual, el tercer pilar del sistema, deberían continuar impulsándose por su flexibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades específicas de las personas.