La secretaria de Estado para la Función Pública, Elena Collado, ha trasladado este miércoles a las organizaciones sindicales la voluntad del Gobierno de evitar la congelación salarial a los empleados públicos en 2018 y llevar a cabo el acuerdo en materia de empleo público alcanzado antes de que se interrumpieran las conversaciones, como consecuencia de la crisis institucional en Cataluña, y les ha indicado que prevé aprobar una subida salarial de al menos el 1,5% el próximo año, según ha informado CSIF.

En la reunión mantenida entre Hacienda y los sindicatos el Gobierno ha mantenido la viabilidad de conseguir apoyos parlamentarios para sacar adelante los Presupuestos Generales de 2018, donde incluiría la subida salarial y el acuerdo de estabilización del empleo público, y ha trasladado a los sindicatos que si no fuera posible aprobar las cuentas públicas, la subida salarial se haría a través de otras fórmulas legales, como la posibilidad de un decreto ley.

Tanto CSIF, como UGT y CCOO han mostrado su rechazo a la congelación salarial, después de que el Gobierno enviara a Bruselas un plan presupuestario para 2018, en el que se incluía este supuesto y CSIF ha comunicado a Hacienda que ve «muy insuficiente» la subida propuesta del 1,5%, ante la pérdida de poder adquisitivo del 20% en los últimos años. Hacienda ha retomado la negociación a partir de la última propuesta que realizó en septiembre.

En concreto, la última oferta salarial del Gobierno a los sindicatos de funcionarios, realizada a finales de septiembre, pasaba por un incremento retributivo mínimo del 5,34%, que podría elevarse hasta un máximo del 8% en función de la evolución de la economía española. Esta subida, rechazada por los sindicatos, se aplicaría en tres años (2018, 2019 y 2020).

Respecto a la oferta de empleo público, sobre la que en septiembre las partes quedaron «muy cerca» de alcanzar un acuerdo, Hacienda ha aceptado extender el acuerdo de estabilidad de interinos al conjunto de las administraciones, que, hasta ahora, solo afectaba a Sanidad, Educación y Justicia, una tasa de reposición del 100% a todos los servicios esenciales y del 115% a la Policía Local, según CSIF.

En cualquier caso, Hacienda y los sindicatos se volverán a reunir el próximo 21 de noviembre para avanzar en la negociación, según han informado a Europa Press en fuentes sindicales.

Subida salarial «muy insuficiente»

El secretario general de FeSP-UGT, Julio Lacuerda, ha señalado que de la reunión de este miércoles no cabía esperar «demasiadas cosas» y que «definitivamente se ha confirmado», aunque ha agradecido el «gesto» de Collado de contactar con los sindicatos para mostrar «alguna preocupación».

Lacuerda ha lamentado que se haya aventurado ninguna cuestión relativa a la presentación de los PGE o sobre cuándo podría el Gobierno tener los apoyos necesarios para su aprobación, si bien ha indicado que Collado les ha trasladado «con cierta rotundidad» que el Gobierno no contempla la congelación salarial para 2018, si bien esto está pendiente de la Ley General de Trabajadores. «Es un alivio eso en cierto modo, pero se puede apreciar que es poco significativo», ha apuntado.

Respecto al resto de asuntos «paralizados», Lacuerda ha indicado que la oferta pública está «muy vinculada» a los PGE, pero no la consolidación de empleo, por lo que ha celebrado que finalmente se ha conseguido «cierto compromiso» en desarrollar de manera paralela y sin estar fijando los inconvenientes de la ley de PGE los acuerdos del pasado 29 de marzo», que contemplaban la consolidación de 200.000 interinos en los próximos tres años.

Recuperar derechos «arrebatados»

De su lado, el coordinador del Área Pública de CCOO, Pepe Fernández, ha indicado que en la reunión han dejado claro que rechazan la congelación salarial y los sindicatos exigen la recuperación de los derechos «arrebatados», ya que de lo contrario CCOO y UGT continuarán con las movilizaciones previstas para el 24 de noviembre y el 12 y el 14 de noviembre.

De igual forma, CSIF ha asegurado que, «por responsabilidad», mantendrá su voluntad de negociación mientras se estén negociando los Presupuestos, con el fin de alcanzar un acuerdo de legislatura que permita recuperar de manera progresiva el poder adquisitivo perdido durante la crisis.

Para el sindicato es fundamental la recuperación de las 35 horas para aquellas administraciones que así lo acuerden con las organizaciones sindicales, como ha sido el caso de Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha, Castilla y León, País Vasco o el Ayuntamiento de Madrid, reivindicación a la que se suman CCOO y UGT.

CSIF también defiende la equiparación de las retribuciones en la Administración General del Estado con las de las plantillas de las comunidades autónomas que, de media, son un 25% superiores.