Las térmicas y las normas que prepara Energía elevan la tensión con Endesa e Iberdrola

19/11/2017

Tania Juanes. Esta semana están previstas reuniones de altos cargos del ministerio con la empresa que preside Ignacio Galán. Las divergencias con Energía afectan a Iberdrola y Endesa, y no a Gas Natural.

Las relaciones entre el titular de Energía, Álvaro Nadal, y las eléctricas han sido casi siempre tensas, como ya la fueron con su hermano y anterior responsable de la política energética desde la Secretaria de Estado de Energía, Alberto Nadal. Ahora la chispa ha saltado por el anuncio de Iberdrola del pasado 10 de noviembre de la decisión de cerrar las plantas de carbón que tiene en activo en España. Son las centrales de Lada (Asturias) y la de Velilla (Palencia), que suman 874 megavatios de potencia instalada. 
Pero, con todo, esta línea de actuación no es nueva. Con anterioridad, en el transcurso de la última junta de accionistas, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ratificó su posición contraria a la reapertura de Garoña y fue más allá, mostrando que el conjunto de las centrales nucleares agrupadas en Iberdrola Generación Nuclear estaban en pérdidas por las tasas y los requisitos de control exigidos, que en conjunto absorbían el 50% de los ingresos. Destacó, asimismo, que la obligación de la compañía era defender los intereses de sus accionistas y no hacer política energética.
A partir de ahí surgieron noticias en el sector respecto a la intención de la empresa de desprenderse de estas plantas que podrían interesar a determinados fondos. Pero las normas no hacían fácil esas eventuales transacciones, además de las características y condiciones de remuneración de los activos.
Ahora la historia en parte se repite. El Ministerio de Energía ha acelerado una norma que da más potestad al Ejecutivo para oponerse al cierre de centrales, con lo que las autorizaciones no dependerán tanto de REE ni de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), y que se quiere aplicar con carácter retroactivo. Si bien las empresas tendrán que acatar las normas que se establezcan, y así lo han reconocido, no por ello dejan de expresar su perplejidad, en la medida que la posición que defiende el ministerio iría en una dirección opuesta a la promoción de las energías renovables y a determinadas normas comunitarias.
Los argumentos que defienden los responsables de la política energética apuntan a  que el Ejecutivo debe tener capacidad para impedir los cierres si estos afectan a la competencia y los precios del mercado eléctrico, y no únicamente al suministro. En este contexto, el ministerio ha optado por la vía del real decreto, al no contar con el apoyo de PSOE (partidario de apoyar el carbón nacional pero no del de importación) y Ciudadanos. Las empresas pueden presentar alegaciones y después recurrir en lo contencioso-administrativo.
Energía prepara además una norma sobre la remuneración de la disponibilidad (capacidad para aportar electricidad el sistema), que afectará a las centrales hidráulicas, y que restarán en conjunto 20 millones de euros de ingresos a las eléctricas con Iberdrola a la cabeza (menos 11 millones). En principio será temporal ya  que Nadal argumenta que la medida es necesaria por la sequía.

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