Duro, muy duro, el informe de la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce) sobre las actuaciones del Gobierno que preside Mariano Rajoy  en materia de I+D+i durante el año que está a un mes escaso de terminar.

El informe, que se enmarca dentro del proyecto Debates sobre Ciencia y Desarrollo Económico y Social (Decides), que la Cosce desarrolla en colaboración con la Fundación La Caixa para que se discuta sobre el papel de la ciencia  como elemento imprescindible en el desarrollo de una verdadera sociedad próspera, competitiva, con altos niveles de bienestar, y basada en el conocimiento, hace una valoración de los Presupuestos Generales del Estado destinados a ciencia durante 2017, el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, y el cumplimiento de los pactos de investidura. Asimismo, valora la actividad desarrollada por la Agencia Estatal de Investigación.

La primera, en la frente. El  informe destaca que “en las actuaciones de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) hay una ausencia de una política pública de I+D+i seria y comprometida”.

También, que existe una carencia de información sobre la estrategia. Para Aurelia Modrego, coordinadora del informe, “es la antítesis de una política orientada a generar confianza y a reducir la inseguridad e incertidumbre inherente a cualquier actividad de I+D+i”.

Sobre los Presupuestos Generales del Estado, el informe denuncia que “las partidas presupuestarias destinadas a la investigación científica y tecnológica, a la innovación y a la educación muestran la falta de compromiso del Gobierno con las políticas de apoyo en estos ámbitos”.

Ante esta situación, el informe propone la creación en el Congreso de Diputados de un grupo de trabajo formado por expertos que establezca y desarrolle los elementos básicos para dotar al país de “una política de I+D+i estable, comprometida y transformadora que contribuya a reformar en profundidad el modelo económico y social de España y un marco legislativo y administrativo que favorezca el desarrollo de la ciencia, la educación y la cultura”.

El informe resalta que aún no se ha aprobado el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación correspondiente a este año, y que según el propio Gobierno  debería incluir las actuaciones de la Administración General del Estado destinadas a fomentar e impulsar la generación de conocimientos científicos y tecnológicos, su aplicación y transferencia.

El Plan, que fue sometido a información pública por la Secretaría de Estado de Investigación nada menos que en julio, muestra graves carencias, entre las que destaca su indefinición, especialmente en el ámbito presupuestario.

Para Aurelia Modrego, se trata de “un documento que es un compendio de múltiples actuaciones, que conlleva una excesiva fragmentación de la financiación y de la gestión, y cuya viabilidad está condicionada a unos recursos no especificados y a un modelo de gestión ineficiente”.

La Cosce recomienda “dotar al Sistema de I+D+i de un Fondo Estable de Inversión para la Investigación en Ciencia y tecnología e Innovación y adecuar el marco normativo a las
necesidades de la investigación e innovación”.

Sobre los Pactos de Investidura, “la única constancia del cumplimiento se refiere al punto 23 del documento en el que se recoge el compromiso de ‘Crear la Red Cervera de Transferencia Tecnológica’”.

El Gobierno se olvida del punto 22, en el que expresamente se dice que “se reformará el
Estatuto de la Agencia Estatal de Investigación para que responda al modelo del European Research Council y promover con ello la estabilidad en la gestión de la I+D”.

La realidad es que “la Agencia Estatal de Investigación, creada apresuradamente el 27 de noviembre de 2015, a coste contable cero, no nació hasta el 20 de junio de 2016, cuando se constituyó su Consejo Rector”. Aunque desde junio de este año, la Agencia dispone de presupuesto propio “no es más que un mero instrumento de gestión”, como se demuestra en procedimientos de la convocatoria de ayudas para personal investigador predoctoral y para proyectos de investigación que no han tenido ningún cambio.

Como recomendación para que la Agencia Estatal de Investigación tenga un papel clave en la definición de una verdadera política estatal de ciencia y sea verdaderamente independiente, la Comisión Decides propone “dotarla de características similares a las de otras instituciones internacionales”. Y aporta un análisis de la Agence Nationale de la Recherche, el European Research Council, la National Science Foundation, y el UK Research and Innovation.