El Gobierno y los sindicatos han polemizado hoy a cuenta de la renta básica. Esta iniciativa, que se tramita en el Congreso, consiste en una ayuda de 426 euros a las personas sin trabajo ni ingresos. Para el Gobierno, su aprobación desincentivaría la búsqueda de empleo y arruinaría a la Hacienda Pública, al provocar un posible efecto llamada, que podría incluso triplicar su coste, según ha sostenido el responsable de Presupuestos, Alberto Nadal, durante una comparecencia este martes en el Congreso, donde se tramita la aprobación de esta renta promovida por los sindicatos.

Los sindicatos, por el contrario, defienden la aplicación de esta ayuda para las personas sin empleo ni ingresos, y consideran que el número de posibles beneficiarios, unos 2,4 millones de personas, acarrea un coste que el Estado puede asumir, y que es necesario para rebajar los niveles de pobreza en España.

Además, las centrales, que recogieron 700.000 firmas para llevar al Parlamento la iniciativa, han pedido a los partidos que apoyen su tramitación hasta que finalmente vea la luz.

Efecto llamada

El Gobierno ha alertado hoy de los peligros que supondría aprobar la prestación dependiente de la Seguridad Social propuesta por los sindicatos. Según el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, el gasto arriesgaría el equilibrio de las cuentas públicas españolas, y desincentivaría la búsqueda de empleo entre sus beneficiarios.

Nadal ha corregido al alza las previsiones de los sindicatos, y ha elevado el coste de una renta básica contra la pobreza hasta una horquilla de entre 15.000 y 20.000 millones de euros, frente a los 11.000 millones previstos por las organizaciones sindicales.

Para pagar esta factura, el Estado debería, según ha ejemplificado el secretario de Estado, elevar seis puntos el IVA medio, o subir un 20% la tarifa del IRPF.

Además, su aprobación provocaría un efecto llamada que podría multiplicar su coste por dos o por tres, ha rematado el responsable ministerial.

La renta es viable, según los sindicatos

En cambio, las organizaciones sindicales han defendido la viabilidad de la nueva prestación, y han pedido a los grupos que lleven adelante el trámite parlamentario que no lograron frenar en septiembre PP y Ciudadanos.

En su defensa, Comisiones Obreras (CCOO) ha dibujado un posible escenario simulando los costes si la ayuda se hubiera aprobado en 2007, al iniciarse la crisis.

El sindicato calcula que, incluyendo al total de beneficiarios, la ayuda hubiera llegado en 2007 a un total de 1,35 millones de personas, para aumentar en 2013 hasta los 2,36 millones de receptores, descendiendo finalmente a 1,9 millones este año.

En el punto de máximo número de perceptores, su coste hubiera sumado poco más de 12.000 millones de euros en este escenario, descendiendo luego al compás de la evolución del empleo.

En cambio, si la ayuda se hubiera empezado a aplicar ahora, en 2017, su coste final rondaría los 10.000 millones de euros, que el sindicato rebaja a 8.400 millones, al descontar los retornos en forma de IVA a la Hacienda pública por la vía del consumo de las familias acogidas al programa.

Pilar Social Europeo

Por otro lado, los sindicatos han apoyado su defensa en el recién proclamado Pilar Social Europeo por parte de la Comisión, el Parlamento y el Consejo europeos en la pasada cumbre de Gotemburgo de noviembre, en presencia del jefe del Ejecutivo español Mariano Rajoy.

Un Pilar Europeo que en su artículo 14 propone fórmulas de renta mínima como la impulsada por los sindicatos en España, para tratar de curar las heridas dejadas por la crisis en forma de pobreza y desigualdad, según ha detallado el responsable de CCOO, Carlos Bravo.

En esta línea, UGT ha defendido también el encaje constitucional de la renta básica que percibirían en torno a 2,4 millones de personas, según las previsiones sindicales.

La central considera que se puede ayudar a las personas que carecen de ingresos, y que “queriendo trabajar, no pueden hacerlo”, obteniendo recursos por diversas vías. Entre ellas, según destacó la responsable de UGT, Adela Carrió, figuran la lucha contra el fraude fiscal, aumentar la imposición sobre la riqueza, eliminando beneficios fiscales a los planes privados de pensiones, y modificando el Impuesto de Sociedades que pagan las empresas, junto a una mayor recaudación por impuestos medioambientales. Todo a fin de elevar el gasto público de España que ahora se encuentra 5,4 puntos por debajo de la media de la eurozona, sostienen.

Sin embargo, el Gobierno español considera que la renta básica desincentivaría la búsqueda de empleo, provocaría un efecto llamada y provocaría la ruina de las Administraciones Públicas, que ya dedican un 0,75% del PIB – unos 8.400 millones – a políticas de inclusión social, en línea con la media de la UE, ha recalcado Nadal.