Comisiones Obreras (CCOO) ha reclamado hoy al Gobierno que deje de incentivar la firma de contratos temporales. El sindicato, que se queja de la parálisis de la negociación con el Ejecutivo, estima que un 75% de las bonificaciones – descuentos en las cuotas a la Seguridad Social – van a parar a contratos de carácter temporal.

El sindicato defiende un golpe de timón en los incentivos al empleo, junto a otras medidas que contribuyan a frenar el crecimiento del número de temporales en nuestro país, que alcanza ya al 27,4% del total de asalariados, según las últimas cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA); esto es, cinco puntos más que el mínimo alcanzado durante la crisis – un 22,9% –, si bien lejos aún de su máximo histórico – un 35%–, alcanzado a mediados de los años 90; y más recientemente, un 33%, antes del inicio de la crisis.

Precariedad creciente

La central no comparte la visión optimista del Gobierno, desde donde recalcan que un 75% de los asalariados tiene un contrato indefinido en nuestro país. Sin negar esta cifra, algo menor en realidad, el sindicato resalta en cambio algunas tendencias muy preocupantes en el mercado de trabajo español, según han explicado este miércoles las responsables de Empleo y Acción Sindical de CCOO, Lola Santillana y Mercedes González.

La primera de ellas es el acortamiento de la duración de los contratos, un fenómeno creciente que habla de que las empresas están utilizando el contrato temporal como mecanismo de flexibilidad, y no como solución a necesidades estrictamente pasajeras, tal y como demanda la ley.

De hecho en nuestro país está prohibido firmar un contrato temporal sin causa. Sin embargo, las empresas aprovechan la escasa presencia de inspectores de trabajo y la permisividad hacia esta práctica para abusar de la contratación temporal; en primer lugar, como período de prueba; y, más gravemente aún, como un medio de evitar que las plantillas acumulen antigüedad y con ella derechos a cobrar mayores indemnizaciones por despido.

Esta excesiva rotación de las plantillas se refleja en el auge de los contratos ultracortos y en otros indicadores. Por ello, entre otras medidas, el sindicato pide aplicar algunas medidas que frenen este repunte de la temporalidad.

Entre ellas, CCOO, que presentará esta tarde al Gobierno sus propuestas, exige elevar las sanciones a los empresarios que abusen de la contratación temporal. Sobre todo teniendo en cuenta que algunos prefieren pagar los 600 euros de la multa actual, a cumplir con los requerimientos de la normativa sobre contratación.

Además, la central demanda elevar las cotizaciones a la Seguridad Social en los contratos temporales de menor duración, de forma progresiva, de tal forma que los contratos ultracortos – hoy proliferan los de menos de 7 días – paguen notablemente más que los contratos más largos y los indefinidos.

Coto al tiempo parcial

Otras iniciativas se refieren a aspectos que la central también relaciona con la precariedad, como la duración de la jornada. En este campo reclama variar el régimen jurídico del contrato a tiempo parcial, limitar su número máximo y mínimo de horas, y lograr que los empresarios paguen hasta la última hora complementaria (extras) de las que realizan los trabajadores.

CCOO sostiene que muchos contratos a tiempo parcial esconden en realidad jornadas a tiempo completo. Y ese exceso de horas “no se está pagando”, advierten. En su estimación, actualmente se realizan en España unos 10 millones de horas ilegales, por las cuales los trabajadores no están recibiendo compensación.

Finalmente, reclaman establecer un control de las jornadas, a pesar de las recientes sentencias en contra del Tribunal Supremo, y extremar la vigilancia en sectores donde prolifera el fraude, entre los que citan la hostelería, el comercio y la construcción.

Otro ámbito donde hay que aumentar el control es el de los autónomos económicamente dependientes, los TRADE. Aquí Comisiones pide redefinir las causas que determinan esa dependencia – actualmente, que el 75% de su salario provenga de un solo pagador –.

Por otro lado, el sindicato detecta además la necesidad de reencuadrar a una parte de los trabajadores agrarios hacia el régimen general.