El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha citado a declarar el próximo viernes a partir de las 9.30 horas al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, a los otros siete exconsejeros que no acompañan al expresidente Carles Puigdemont en Bruselas y a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural Jordi Sánchez, y Jordi Cuixart, respectivamente, a los que interrogará en el marco de la querella por rebelión y sedición que se comenzó a tramitar contra ellos en la Audiencia Nacional por su participación en el ‘procés’ y que el alto tribunal asumió el pasado viernes.

Llarena ha adoptado esta decisión después de recibir los escritos en los que las defensas de los Jordis, de Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull Meritxell Borrás y Joaquim Forn solicitan que el Supremo modifique la medida de prisión provisional que fue adoptada por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela el pasado 16 de octubre en el caso de los dos primeros y desde el pasado 2 de noviembre para los miembros del exgovern. Ello les permitiría, tal y como pretenden los exconsejeros, participar en la campaña para las próximas elecciones autonómicas en Cataluña el 21 de diciembre.

En sus escritos, los exmandatarios catalanes han ido acercándose a la denominada ‘vía Forcadell’ que facilitó la puesta en libertad por orden del propio Llarena de la presidenta de la Mesa del Parlamento de Cataluña, investigada igualmente por rebelión en el alto tribunal junto a otros exmiembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña. Ésta consiste básicamente en un acatamiento expreso de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, darle un valor simbólico a la DUI, y en la renuncia a la unilateralidad en el proceso independentista.

Ya que en sus escritos estos diez investigados solicitan que se les reciba declaración, en una breve providencia dictada este miércoles Llarena señala que se les cita a todos ellos a las 9.30 del próximo 1 de diciembre e igualmente se requiere la presencia de la Fiscalía y demás partes personadas. Éstas últimas son las defensas de Forcadell y del resto de exmiembros de la Mesa que ya prestaron declaración ante Llarena el pasado 9 de noviembre y se encuentran en libertad bajo fianza, con excepción de Josan Josep Nuet, contra quien no se adoptó ninguna medida cautelar.

En el auto en el que asumió la competencia sobre la investigación iniciada por Lamela en dos causas diferentes -la que investiga a los exconsejeros por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos y la dirigida contra los representantes de las organizaciones sociales por una posible secesión- Llarena justificaba su decisión al apreciar conexión material inescindible con los hechos investigados a las personas aforadas y que esto puede apreciarse en algunos casos desde un primer momento. El magistrado entiende la «existencia de una compleja heterogénea organización unida por el propósito de lograr la secesión de la comunidad autónoma de Cataluña y su proclamación como República Independiente». Y que para lograr este propósito, que permitió la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y la declaración de independencia -señala el juez-, los integrantes de dicha organización elaboraron una «premeditada estrategia perfectamente coordinada» en el que se repartieron papeles entre «autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles» y en el que participaron las asociaciones independentistas.

Por lo que se refiere al riesgo de reiteración delictiva que tendrá que valorar Llarena el próximo viernes, la posición de los exconsejeros de ERC, con Junqueras a la cabeza, ha evolucionado desde un tímido reconocimiento inicial del artículo 155 en el primer recurso que presentaron contra su prisión -señalando que habían sido cesados y ello impedía que hubiera reiteración delictiva-, hasta un escrito mucho más concreto y clarificador que presentaron este martes ante Llarena, que es el que ha motivado sus citaciones. En este documento, los cuatro exmiembros del Govern piden su puesta en libertad y dicen acatar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, si bien afirman que no renuncian a sus convicciones políticas aunque prometen defenderlas por «las vías del diálogo y la negociación». También acataron en su día la aplicación del 155 -que supuso la disolución del Govern y la convocatoria de elecciones- los exconsejeros del PEdCAT Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn, que ya el pasado día 20 aludieron expresamente en sus escrito a que habían obedecido las medidas aplicadas por el Gobierno central tras producirse la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

A diferencia de los exconsejeros, tanto Forcadell como los cinco exmiembros de la Mesa de la cámara parlamentaria sí respondieron a las preguntas de la Fiscalía el pasado 9 de noviembre cuando les citó a declarar el magistrado Llarena. Esto supuso romper con la estrategia que siguieron los exconsejeros del Govern, que una semana antes se negaron a contestar al Ministerio Público durante el interrogatorio al que les sometió la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Durante su declaración, Forcadell asumió la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que conllevó a la disolución de la cámara y a la convocatoria de elecciones el próximo 21 de diciembre, y se refirió a la DUI, aprobada el 27 de octubre, como «declarativa» y «simbólica». Asimismo, indicó que no tenía valor jurídico. En un momento posterior, cuando se estaba celebrando la vistilla de medidas cautelares, el magistrado ofreció a los seis investigados un turno de última palabra. En ella, Forcadell, y al menos tres exmiembros de la Mesa del Parlamento catalán, renunciaron también a la vía unilateral de independencia.

Todo ello lo tuvo muy presente el juez instructor del Supremo quien, pese considerar a Forcadell como la persona que tuvo un «liderazgo» y una «actuación principal» en el proceso independentista, subrayó en su auto que los investigados «han asumido la intervención derivada de la aplicación del artículo 155 de la Constitución». Es más, resaltó que «o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional».