La Junta Única de Resolución (JUR) permitirá a Aeris Invest, el brazo inversor de la familia Luksic, y a otros antiguos accionistas del Banco Popular el acceso parcial al informe de Deloitte y a otros documentos relacionados con la resolución de la entidad. Luksic perdió 113 millones de euros en esta entidad.

El Panel de Recurso de la JUR ha estimado una demanda presentada por Aeris Invest, que ha estado representado por Roca Junyent, y otra de la Mutualidad General de la Abogacía Española, la Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos y otras entidades, representadas por el despacho Ramón C. Pelayo Abogados, en el que se solicitaba acceso al informe de Deloitte y otros documentos, petición que ha sido concedida parcialmente, pues algunas partes deberán seguir siendo confidenciales.

El Panel de Recurso no precisa qué partes deberán seguir siendo confidenciales, aunque este acceso parcial permitirá conocer numerosos datos, informaciones y predicciones del informe elaborado por Deloitte, incluidas sus conclusiones y los rangos económicos de su valoración.

El organismo que preside Elke König, que está citada en el Congreso de los Diputados el  11 de diciembre, deberá aportar una nueva versión de los documentos en la que solo podrá omitir información verdaderamente confidencial. Y la JUR deberá fundamentar toda ocultación de datos que lleve a cabo, explicando por qué debería guardarse la confidencialidad de los mismos.

«Aunque la decisión del Panel de Recurso es recurrible, el avance que supone un importante hito ya que, a partir de ahora, la JUR deberá conceder el acceso a datos, hasta el momento desconocidos, que abren la puerta a una defensa mucho más sólida», explican en el grupo chileno.

Más de 40 recursos ante la JUR

Desde la decisión de intervenir el Popular el 7 de junio y de adjudicarlo al Santander por un euro, se han presentado más de 40 reclamaciones ante el Panel de la JUR. En 34 de ellas, el órgano no se ha pronunciado sobre el fondo y no los ha admitido al entender que estaban formulados incorrectamente, o que tenían por objeto cuestiones que no eran de su competencia.

En agosto, la Comisión Europea negó a los bufetes que defendían a los afectados el acceso a las versiones confidenciales de los informes elaborados por el Banco Central Europeo (BCE) y por la JUR en relación con el Popular, así como al trabajo de valoración realizado por Deloitte.

«La divulgación pública de esta información, en este momento, podría perjudicar la protección de los legítimos intereses comerciales de Banco Santander en relación a su posición competitiva en el mercado bancario», argumentaba la Comisión.

Mandato hasta 2022

La Comisión Europea ha propuesto  extender durante otros cinco años, hasta 2022, el mandato de la alemana Elke König como presidenta de la JUR, pese a que hay demandas presentadas contra ella por supuestas filtraciones sobre la situación del Popular.

König fue nombrada presidenta de la JUR cuando se puso en marcha este organismo, a finales de 2014, por un periodo de tres años que finaliza el 24 de diciembre de 2017.

La propuesta de Bruselas debe recibir ahora el visto bueno del Parlamento Europeo, antes de que el Consejo de la UE adopte finalmente la decisión formal de extender su mandato.

Antes de ser nombrada presidenta de la JUR, la alemana era presidenta de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania, cargo que ocupó entre 2012 y 2015. Previamente había sido miembro del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés).

Después de doctorarse en Administración de Empresas, König ocupó varios puestos en KPMG entre 1980 y 1990 antes de ser parte de la dirección de la aseguradora Munich Re hasta 2002 y directora financiera de Hannover Re.