La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de cárcel al exconsejero madrileño Francisco Granados y al guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino y a un año y medio al también agente José Luis Caro Vinagre, por el chivatazo que Talamino dio al político de que se le estaba investigando ya que esta revelación produjo «un intenso» daño a la investigación vigente en el marco de la trama Púnica.

En la sentencia, que cuenta con voto particular concurrente del magistrado Nicolás Poveda, los magistrados de la Sección Primera condenan a Granados y a Caro Vinagre como autores de un delito agravado de aprovechamiento de secreto revelado por funcionario público y a Talamino por uno de violación de secreto agravado. Además, a este último se le impone una pena de 4 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. El juicio, que se celebró en tres vistas a mediados de noviembre, fue el primero de la trama Púnica.

El delito, respecto a Talamino, se consumó precisamente porque la información confidencial llegó al investigado y cerebro de la trama Púnica, David Marjaliza mientras que en el caso de Granados y de Caro, tuvieron además ventajas de la revelación del secreto, según los magistrados. En concreto, el soplo permitió que el exconsejero madrileño pudiera ocultar un millón de euros en el altillo de la vivienda de sus suegros como luego se comprobó en los registros judiciales.

La resolución recoge que se abona a los condenados el tiempo que han estado en prisión preventiva por lo que presumiblemente Granados se librará de entrar en la cárcel al haber cumplido dos años y medio. Ingresó en la prisión de Estremera en octubre de 2014 y la abandonó el pasado mes de junio.

Los magistrados dan por hecho que Talamino conocía de la existencia de una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre Marjaliza, y así se lo hizo saber a Granados en las fiestas patronales de Valdemoro en 2014. Como resultado, reza la sentencia, los investigados pudieron destruir pruebas y ocultar dinero.

«Granados obtuvo para sí mismo provecho económico y facilitó que Marjaliza se beneficiara. Caro buscaba el beneficio de su amigo Granados, así que este ocultó el dinero que poseía y procuró que Marjaliza hiciera lo mismo con el suyo», exponen los magistrados que no pasan por alto que además consiguieron un «beneficio procesal» porque destruyeron fuentes de prueba «tan importantes» como los documentos del constructor.

La sentencia recoge que Granados, para el que la Fiscalía pedía tres años de prisión, comunicó a su amigo Marjaliza la investigación de la que estaba siendo objeto por el pago de comisiones irregulares, versión que el propio empresario defendió en calidad de testigo durante la vista oral en la que dijo que su exsocio le mandó quemar «en un día de niebla» todos los documentos que él guardaba en sus oficinas del edificio Éboli de Pinto, entre ellos una libreta con pagos en negro a cargos políticos regionales.

Tras el soplo hubo dos «consecuencias inmediatas», por un lado retirada del dispositivo de videovigilancia que se había colocado en las puertas de las oficinas de Marjaliza y, por otro, la «adopción de cautelas» por parte de Marjaliza y su exsocio al conocer la existencia de esta operación. La sentencia precisa en este aspecto que se frustró la posibilidad de grabar a «concejales, asesores y exconcejales» que acudieron a su despacho.