Dos centenares de investigadores se enfrentan a posibles despidos. Su labor en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) podría quedar interrumpida. Todos ellos son trabajadores temporales. Y la ley impide que encadenen allí más de tres años con estos contratos. Aunque el Gobierno prometió hacer una excepción, hasta el momento ha incumplido su promesa, según UGT.

La amenaza del despido se cierne sobre más de 80 científicos en 2017. Y sobre otro centenar en 2018. Los 200 investigadores trabajan en el CNIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Pero hay otros centros afectados. Como el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). Y otras fundaciones y organismos públicos incluidos en la prohibición.

El veto a la contratación temporal indefinida se incluye en la ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de junio de 2011, la norma que regula las contrataciones en universidades públicas y organismos públicos de investigación.

Sin embargo, la propia ley establece excepciones. El sindicato quiere que el Gobierno incluya a la fundaciones científicas públicas y a otros agentes del sistema de ciencia, tecnología e innovación entre esas excepciones.

Los PGE se cruzan por el camino

El Gobierno, según UGT, prometió hacerlo en septiembre. Dice la central que la promesa se cursó durante una reunión entre el Ejecutivo y los agentes sociales. Sin embargo, otra norma se cruzó por el camino, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, que prohíben los contratos temporales por más de tres años o la concatenación de contratos en el sector público.

Así pues, esta disposición 34 de los PGE aboca al despido a centenares de investigadores.

El sindicato pide al Gobierno que incluya a estos centros entre aquellos que pueden esquivar la prohibición. Estos centros y todo el grupo de fundaciones científicas públicas y otros agentes del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, según reclaman.

UGT advierte que los investigadores amenazados de despido trabajan en proyectos de “enorme relevancia social”. Para el sindicato, el CNIO es “uno de los principales centros de investigación de cáncer del mundo”.

Además, la central reclama también que el Ejecutivo estabilice el empleo de los científicos de estas fundaciones. Y que equipare los salarios de sus trabajadores con los del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

“Estamos en una situación muy grave, con altas tasas de precariedad y temporalidad en este sector, que puede ser dramática si el Ejecutivo no implemente este acuerdo”, concluyen.

“El desarrollo de políticas en materia de I+D+i en España debe ser una prioridad”, sentencian.