Las partes han centrado este primer acuerdo en el mantenimiento de los derechos de los ciudadanos, el arreglo financiero y las cuestiones ligadas a Irlanda del Norte y, ahora, el texto será valorado en el Consejo Europeo del próximo 15 de diciembre.

Los líderes deberán constatar, a propuesta de la Comisión Europea, si ha habido «progreso suficiente» para pasar a la segunda fase del diálogo, centrada en el periodo de transición tras el Brexit y en el marco que regirá las relaciones entre Reino Unido y la UE una vez se consume el divorcio.

«Los derechos e intereses de los ciudadanos han sido, son y seguirán siendo la
principal prioridad del Gobierno de España en las negociaciones del Brexit», ha subrayado en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación español.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy también quiere que el futuro acuerdo «garantice certidumbre y seguridad jurídica tanto para los ciudadanos como para los operadores económicos» durante la transición y en la relación futura que tendrán las partes. España espera que dichas relaciones sigan siendo «excelentes», la margen de que sea necesario garantizar la «integridad» del mercado único.