Tras la enmienda a la Ley de Economía Sostenible, aprobada en el Congreso por todos los partidos de la oposición y el voto en contra de los socialistas que, posteriormente, tuvo que ser retirada en el Senado, las patronales de los fabricantes y concesionarios han abierto una guerra, donde por una coma se forma una batalla. Esta vez, las diferencias se centran en el código de buenas prácticas en cuyo tercer punto se intenta dar una salida en caso de conflicto. Los concesionarios proponen el arbitraje obligatorio y los fabricantes, la mediación obligatoria.

Lo demás lo habían pactado, pero Faconauto junto a su firma puso un «pero con reserva» sobre el tercer punto, ya que los concesionarios piden contar un el arbitraje obligatorio, mientras los fabricantes apelan a una sentencia del Tribunal Supremo (1981) en que se declaró inconstitucional esta figura, y a cambio proponen la «mediación obligatoria» en caso de conflicto, con un plazo máximo de resolución de dos meses.  Y si de esa mediación no hay posibilidad de acuerdo, entonces, acudir de forma voluntaria al arbitraje o a los tribunales, según han explicado el presidente de la Comisión de Asuntos Comerciales de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), Rafael Prieto, y el presidente de la Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas (Aniacam), Germán López Madrid.

El resto de las cuestiones se centran en los principios generales y en la constitución de un comité de diálogo. La postura de firma con «reserva» por parte de Faconauto, por la que no se sienten vinculados con ese tercer punto, ha extrañado a los fabricantes que no entienden las razones de pedir una «figura inconstitucional», por lo que serán las propias marcas las que expliquen a sus redes de concesionarios los términos del acuerdo, a fin de lograr a título individual, el acuerdo.

Los fabricantes aseguran que esa iniciativa no supondrá que vayan a ejercer ninguna presión sobre los concesionarios, algo que Faconauto se teme, dado que están atacando su propia representatividad como patronal de los concesiones (existen más de 3.000 en España), mientras Anfac y Aniacam insisten en que este código beneficia «a todas las partes» y permite «ahorrar tiempo y conflictos entre los concesionarios y las marcas».

Los fabricantes, además, destacan que este código en inédito en el sector en toda Europa, y serviría de precedente para el resto de los países e, incluso, por otros sectores de la distribución. Además, puede funcionar en paralelo a la Ley de Contratos de Distribución, cuyo proyecto de ley ya tiene elaborado el Gobierno.

Puntos acordados

Los dos primeros puntos del código se centran en unos principios generales y la creación de un comité de diálogo, que no estará integrado en la estructura del Ministerio de Industria, y que servirá como «foro de encuentro independiente para la exposición de ideas y problemas». Dicho foro estará compuesto por dos representantes de cada asociación, así como dos de Industria y con un presidente, designado por el departamento que dirige Miguel Sebastián. El comité celebrará al menos tres reuniones anuales.

De esta forma, se consideran buenas prácticas: actuar de buena fe y con lealtad; libertad de pactos; distribución responsable; respeto al mercado europeo integrado; reparación de daños efectivamente causados; velar por la calidad y seguridad; eficiencia y dinamismo; respeto a la legalidad; colaboración con las Administraciones y, muy especialmente, la motivación de las
decisiones y de los cambios contractuales –formalización por escrito, consentimiento informado, confidencialidad, cumplimiento leal y libre sometimiento al sistema de medición previa obligatoria.

Es, precisamente, este último punto, donde los fabricantes además de destacar sus ventajas, aseguran con convencimiento que en los países donde funciona (como Estados Unidos), el 70% de los conflictos se resuelven por esta vía de forma positiva. Para el resto, en el código se deja la puerta abierta al arbitraje o los tribunales, de forma voluntaria.

Pese al nuevo conflicto surgido, desde los fabricantes se asegura que «el modelo de distribución de automóviles actual no está en peligro».