El vicepresidente del Tribunal Constitucional (TC), Eugeni Gay, y otros dos magistrados de este órgano, Javier Delgado y Elisa Pérez Vera, habían presentado su dimisión por la tardanza en la renovación de sus cargos que está pendiente de acuerdo en el Congreso de los Diputados.

Se trata de tres magistrados –dos designados a propuesta de PSOE y un tercero a instancias del PP– cuya plaza debía haberse renovado por la Cámara baja antes del pasado 7 de noviembre junto con la vacante que dejó Roberto García-Calvo, fallecido en  mayo de 2008.

Situación sin precedentes

La ausencia de renovación y la paralización en el Congreso de los contactos políticos dirigidos a renovar las plazas es la razón aducida por los magistrados para justificar su extrema decisión, que es la primera vez que se produce en la historia de este órgano, según fuentes del alto tribunal. Las dimisiones debían ser aceptadas por el presidente del Constitucional, Pascual Sala.

Sin embargo, Sala emitió a primera hora de la noche un decreto por el que deberán continuar en sus cargos hasta ser renovados por el Congreso de los Diputados según establece el artículo 23 de la Ley Orgánica que regula este órgano (LOTC).

El presidente del TC justificó su decisión en el «volumen de procesos constitucionales pendientes» en este órgano y en su «insustituible función institucional como supremo intérprete de la Constitución y garante máximo de los derechos fundamentales y libertades públicas».

Sala también se refiere en su escrito a la necesidad de «garantizar la continuidad y estabilidad» del tribunal de garantías y reitera al Congreso de los Diputados la necesidad de proceder a la renovación en cumplimiento de los plazos legales.

El vicepresidente del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay, había asegurado en la carta de renuncia que presentó el pasado 8 de junio al presidente de la institución, Pascual Sala, que «tenía la sensación de formar parte de un tribunal secuestrado».

En la misiva, de cinco folios, Gay señala que el retraso en la renovación de su plaza y la de los magistrados Elisa Pérez Vera y Javier Delgado constituye «una grave disfunción» que atribuye al «manifiesto incumplimiento por parte del Senado de su ineludible obligación» de llevar a cabo el nombramiento de los nuevos representantes.

Por su parte, los magistrados Elisa Pérez Vera y Javier Delgado ponen de manifiesto en sus escritos de renuncia, fechados este lunes, la importancia de que se cumplan los plazos que establece la Constitución para la renovación del TC.

Mientras Delgado destaca que «las cosas salen mejor cuando se cumple la Constitución y peor cuando no se cumple», Pérez Vera alega que el diseño del alto tribunal establecido en la Carta Magna -en el que se incluye como periódo máximo de mandato, un plazo de nueve años- «no puede alterarse sin desvirtuar la voluntad del poder constituyente».

Ambos magistrados destacan que su periodo de mandato «se ha cumplido sobradamente» y concretan que, de hecho, se ha sobrepasado en más de seis meses la expiración de sus nombramientos, que cumplieron el 8 de noviembre de 2010.

Javier Delgado, nombrado a propuesta del PP, fue uno de los cuatro magistrados del TC que en mayo presentaron voto particular contrario a permitir la concurrencia de Bildu a los últimos comicios municipales. También presentó este magistrado un voto discrepante a la sentencia sobre el Estatut de Cataluña, en el que calificaba la postura del resto de sus compañeros de «radical» y advertía que, con su posición sobre este asunto, el alto tribunal había«desbordado ampliamente» las funciones que le atribuía la propia Constitución.

Elisa Pérez Vera, designada a propuesta del PSOE, fue la primera ponente de la senencia del Estatut, que fue rechazada tras la presentación de hasta cinco borradores, lo que obligó a designar en la ponencia sobre este asunto al actual presidente del TC, Pascual Sala. Gay, por su parte, ha votado siempre con el sector progresista de este órgano con excepción del recurso del PP contra la Ley del Aborto, asunto en el que este magistrados se posicionó a favor de la suspensión de la norma.

El pasado 30 de diciembre el presidente del Congreso, José Bono, dio por cerrado el plazo para proponer candidatos a la renovación del Tribunal Constitucional  y, como el PSOE y el PP seguían sin alcanzar un acuerdo, optó por dejar todo el proceso en suspenso a la espera de que los dos grandes partidos decidan poner sus nombres sobre la mesa.

El PSOE y el PP, cuyos votos son imprescindibles para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, acordaron que, de los cuatro miembros que corresponde elegir al Congreso, dos de ellos habrían de ser propuestos por los socialistas y otros dos por los populares.

Plazos

Bono había puesto en marcha un mes antes, el 30 de noviembre de 2010, los mecanismos institucionales para esta renovación parcial del TC y, a la espera del acuerdo entre los dos grandes partidos, prorrogó dos veces el plazo para presentar candidatos. El principal escollo que ha encontrado el proceso es el rechazo por parte de los socialistas de la candidatura del magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López para cubrir este puesto, a la que los populares no quieren renunciar.

La última renovación se produjo el pasado mes de enero, cuando cuatro nuevos magistrados designados por el Senado tras tres años de retraso tomaron posesión de sus cargos.

En dicha ocasión se produjo el cese de la hasta entonces presidenta, María Emilia Casas, y de los otros tres magistrados cuyo mandato había caducado en diciembre de 2007, todos ellos situados en el denominado «sector conservador»: Vicente Conde, Jorge Rodríguez-Zapata y el vicepresidente del tribunal Guillermo Jiménez. Los cuatro juristas finalmente consensuados en la cámara alta y que juraron o prometieron sus cargos en dicho momento fueron el ex presidente del Tribunal Supremo Francisco José Hernando y los juristas Adela Azúa, Luis Ignacio Ortega y Francisco Pérez de los Cobos.