Nadie está robando a Cataluña. Ni Aragón, ni nosotros. Ni el Estado español. Tenemos que empezar a dejar esto claro antes de adentrarnos en la minucia diaria, en este bucle airado que deja la melancolía durmiente en el helor dulce de tarde, con su viento afilado. Es tan sencillo como que la Audiencia Provincial de Huesca confirmó el 30 de noviembre la sentencia de un juzgado que ordenó, en 2015, el traslado de las obras artísticas pertenecientes al monasterio de Sijena, al haberse anulado los contratos de compraventa que las monjas llevaron a cabo sin advertir a las autoridades de Aragón y del ministerio Cultura, como rige en el ordenamiento de patrimonio. Es sabido que la misma Generalitat de Cataluña se hizo cargo de la nueva situación jurídica y en 2016 acató la sentencia, devolviendo a Aragón la primera remesa reclamada: concretamente las 51 piezas del MNAC. La siguiente entrega debía ser la de las famosas 44 piezas que desde la noche pasada ya están en Aragón, excepto una, que misteriosamente se ha volatilizado ante los ojos autonómicos de sus viejos guardianes; sin embargo, esas 44 piezas fueron retenidas por el Govern, a pesar de la sentencia, y se ha necesitado una resolución del recurso judicial y la intervención policial para imponer la legalidad.

Ahora ya no estamos ni ante el presunto derecho a decidir ni ante la usurpación de la soberanía catalana por parte de una gente que logró menos de la mitad de los votos. La Generalitat puede recurrir hasta llegar al Supremo, pero aquí en lo que se está es en legitimar una ilegalidad o no. Acatar la sentencia y llevarla a buen puerto no es cuestión política, sino de convivencia reglada en el derecho, del mismo modo que gran parte de la sociedad española y sus instituciones respaldaron la legitimidad institucional catalana para recuperar los papeles de Salamanca, tras la Guerra Civil. Sin embargo, con el independentismo catalanista nunca ha sucedido nada parecido a la reciprocidad jurídica, ni a la igualdad ante la ley, ni a la abierta verdad. Ahora cabría exigirles que cumplieran con esa misma lealtad institucional para que Aragón pueda recuperar con la normalidad que no ha tenido hasta ahora un patrimonio declarado monumento nacional en 1923,  que la justicia –y el sentido común- han considerado totalmente indivisible.

La historia tiene episodios recientes, igual que un culebrón que se agarra a la piedra para darnos escenas costumbristas de tensión territorial. Resulta que la desposesión la padeció Aragón con la anuencia de la Diócesis de Lleida, a la que perteneció ese monasterio hasta 1995, el Vaticano y la Generalitat. Ahora todo el mundo se rasga las vestimentas de la oportunidad política, pero lo cierto es que se trata de un asunto de trapicheo institucional, pero trapicheo al fin. Si un criterio fue bueno para la recuperación del archivo de Salamanca, sólo la trapacería independentista puede invalidarlo ahora para el provecho propio. Es lo que sabemos: sin legalidad no hay seguridad jurídica, ni derecho entre iguales. El victimismo sigue siendo un argumento único que sólo quema en una dirección. Pueden montar guardia toda la noche de las sentencias largas, pero esto ha tardado demasiado y por eso se suben a la parra que nunca existió. Defender el saqueo es el penúltimo rizo del independentismo romántico.