A medida que discurre la campaña catalana crece la crispación. El estado de excepción que vive Catalunya hace que el periodo electoral sea muy atípico. El plasma permite al presidente exiliado participar en los mítines. Los dirigentes encarcelados lo tienen peor, aunque de una u otra manera también hacen llegar sus mensajes. La pugna entre la lista del president y ERC por el liderazgo ha aflorado, así como quien ha de presidir la futura Generalitat, bien con un gobierno paralelo desde Bélgica, bien con un dirigente en prisión -Junqueras- o con una doble presidencia.

En cualquier caso la suma de las fuerzas nacionalistas parece que tendrán una cómoda mayoría, incluso repitiendo la absoluta. Si ello sucede se plantean varios problemas. Una decena de parlamentarios electos no podrán ejercer dada su situación procesal. Por otra parte el gobierno de Mariano Rajoy no asegura que tras las elecciones se levante la aplicación -cada vez más dura- del artículo 155 ni el embargo de las finanzas de la Generalitat, a no ser que se produzca un inesperado vuelco electoral que de la mayoría a las fuerzas unionistas y estas se pongan de acuerdo (hecho también harto improbable). Por que las fuerzas secesionistas siguen con el objetivo programático de programático de lograr una república catalana, eso sí, de una manera pacífica y pactada y tras un referéndum decisorio.

Como el presidente Rajoy convocó estas elecciones de forma sorprendente con el gran objetivo de desplazar a los nacionalistas del gobierno de la Generalitat cada vez se levantan más voces cuestionando la limpieza del proceso electoral, especialmente a la hora de recontar los votos, reclamando incluso observadores internacionales. Y esta desconfianza es muy peligrosa (que se añade a la poca fe que muchos tienen en la justicia).

En los sectores nacionalistas, por otra parte, crece cada día la indignación por las medidas represivas que están aplicando y no pocos valoran que el Gobierno aprovecha la aplicación del artículo 155 para destruir buena parte de la obra de la Generalitat y ampliar a muchos sectores la represión judicial. Podemos ha planteado al Tribunal Constitucional la dudosa interpretación que hace el Ejecutivo de las atribuciones que le da el artículo 155, empezando por la destitución de Puigdemont como presidente, facultad exclusiva del Parlament. Pero el alto tribunal, tan rápido en suspender leyes catalanas, para pronunciarse sobre este tema se toma un tiempo que puede ser largo.

El discurso de los partidos unionistas tampoco es original. Su mantra es acabar con el “procés”. Las amenazas, insultos y descalificaciones en los mitines de populares y Ciudadanos son frecuentes. Quieren acabar con el actual modelo de escuela catalana pero cuando hablan de adoctrinamiento son incapaces de poner ejemplos y cuando lo hacen son mentira. También combaten el uso del catalán, llegando incluso a decir que es heroico hablar en castellano en Catalunya o que en las escuelas no se enseña el castellano.

En cambio el discurso que hacen es el discurso del miedo -cuando no del odio- ya que no pueden hacer propuestas ilusionantes conscientes que el Gobierno en su árecentralizador recurre cualquier ley emanada del Parlament (aunque sea para paliar la pobreza energética).

La situación política -que no de la calle- está tan crispada que nadie se molesta a tender puentes para el diálogo, con lo que digan lo que digan las urnas, el conflicto seguirá bien vivo.