La decisión del Gobierno oficializada el pasado jueves, que insta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a obligar a Atlantia a solicitar autorización al Ejecutivo español para tomar el control de los activos de Abertis, puede suponer un cambio radical en el panorama de la batalla por el control de la empresa concesionaria de autopistas.

El organismo supervisor de los mercados bursátiles tiene un mes para decidir su nueva posición; este organismo ya aprobó la opa lanzada por el grupo italiano en base a  criterios de cara a los inversores, mientras que las autoridades comunitarias de la Competencia aceptaron la operación.

Si bien la beligerancia de los Ministerios de Energía y Fomento, y con la pasividad de Economía, marca un recorrido difícil a los objetivos del grupo italiano. Con el apoyo, tal vez no entusiasta de la Abogacía del Estado, el camino se presenta complicado. El tema de Hispasat está encaminado con la compra por parte de REE, pero Atlantia puede enfrentarse a la necesidad de lograr autorizaciones administrativas para adquirir concesión por concesión.

La compañía transalpina cuenta con un equipo internacional de abogados de reputación internacional y, de hecho, al igual que los directivos del grupo se han movido, entre otros ámbitos, en los pasillos de los diversos instituciones y lobbies de Bruselas, pero ahora la batalla se presenta más complicada. Y, especialmente, por los plazos. En esta línea se ha apresurado de desmentir abrir una ofensiva contra el Ejecutivo español.

Mientras, y en paralelo, la CNMV analiza la opa lanzada por ACS que valora la empresa que preside Salvador Alemany en 18.600 millones de euros, sigue su curso y el veredicto se espera en fechas próximas.