Los trabajadores públicos están convocados a una manifestación este jueves en Madrid en demanda de subidas salariales y nuevas contrataciones en las Administraciones Públicas del Estado.

La manifestación, que recorrerá las calles de la capital a partir de las 12:00 del mediodía, pretende agilizar la negociación con el Gobierno, encallada por la situación en Cataluña.

La marcha, a la que asistirán los líderes de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo, partirá de la plaza de Cibeles y discurrirá por la calle de Alcalá, para finalizar en la calle Sevilla.

Las principales reivindicaciones de los trabajadores se centran en una subida de salarios y en un incremento del número de efectivos adscritos a las plantillas públicas.

El Gobierno ofreció a las centrales una subida salarial de entre el 5,25% y el 7,25% en tres años, articulada en dos partes, una fija y otra variable. El próximo año, la subida sería del 1,5%, más un variable del 0,25% si se alcanza el objetivo del PIB, o del 0,5% si se supera en cinco décimas este objetivo. En 2019, un 1,75% fijo, y en 2020, un 2% fijo, más una parte variable del 0,5% al 0,75%, en ambos casos.

Sin embargo la negociación se encuentra paralizada, debido por un lado a desacuerdos entre los negociadores y en buena parte a la situación en Cataluña, que mantiene congelada la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018 donde iba a incluirse la media.

Subidas por encima del IPC

En cualquier caso los sindicatos reclaman al Gobierno que garantice unas subidas salariales por encima del índice de precios de consumo (IPC), a fin de evitar que la inflación se coma el poder de compra de los funcionarios.

Los sindicatos estiman que desde el inicio de la crisis los funcionarios han perdido un 13% de su capacidad adquisitiva.

Recuerdan por un lado que el Gobierno bajó en 2010 un 5% sus salarios. Y exigen recuperar otros conceptos económicos recortados durante la crisis, primero por el Gobierno de Zapatero y luego con el de Rajoy.

Más contrataciones

Pretenden además que el Gobierno, tras su plan de mantener a dieta las plantillas públicas durante la crisis, abra ya la mano y elimine las restricciones que pesan aún sobre determinados servicios públicos no esenciales, sobre los cuales se mantiene  una tasa de reposición inferior al 100%; es decir, no se reponen todas las plazas vacantes por jubilación.

También se persigue por los sindicatos reducir la “alta” tasa de temporalidad, es decir, dotar de estabilidad a una gran cantidad de puestos que hoy están ocupados por interinos, sin plaza fija.

“Los empleados públicos merecen una subida significativa y una cláusula de revisión que tenga efectos en los Presupuestos de 2018, haya prórroga o sean nuevos”, afirma el responsable de UGT Julio Lacuerda.

Según sus estimaciones, las plantillas públicas han perdido 350.000 efectivos desde que, en 2012, y en plena crisis de la deuda soberana, se aprobó la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que contenía duros recortes.

Los sindicatos, que suscribieron un acuerdo con el Gobierno de Rajoy en marzo de 2017 para la mejora del empleo público, alegan que el cumplimiento de este acuerdo está siendo “lento y desigual”, tanto en la Administración General del Estado (AGE) como en las comunidades autónomas y mesas sectoriales. Y muy especialmente en la enseñanza y la administración local.

“Ya no hay excusas para negar la recuperación de los salarios y del empleo púbico perdido”, afirma el responsable de CCOO Pepe Fernández.