Tras recalcar que el ‘procés’ ha sido un «‘fake’ en toda regla», Soraya Sáenz de Santamaría ha señalado que los separatistas «llevaron ese fanatismo cuasi religioso hasta tal punto que hicieron creer a algunos catalanes que vivían en una república independiente cuando sus gobernantes mismos sabían que era imposible e inviable».

«Las elecciones van a permitir a los catalanes elegir un nuevo Parlamento, cuya primera y prioritaria función será elegir un nuevo Gobierno, teniendo muy claro que la primera y prioritaria función de este ha de ser cumplir la ley», ha enfatizado en la comisión conjunta del Senado sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Sáenz de Santamaría ha abierto su exposición subrayando que estos días se van conociendo más datos que evidencian que proteger los derechos de los catalanes con el 155 era «una necesidad ineludible», ya que, según ha destacado, «los propósitos independentistas eran un engaño masivo con consecuencias nefastas para el interés general, la convivencia y el bienestar de los catalanes».

Así, ha afirmado que los independentistas decidieron hacer de la «desobediencia a la ley su única forma de hacer política», convirtiendo las instituciones de autogobierno de los catalanes en «meros instrumentos de su proceso particular de autoderminación».

«Con el propósito de construir un Estado estaban dispuestos a derribar a toda una sociedad», ha exclamado, para añadir que la «verdadera hoja de ruta del independentismo» ha sido «romper la convivencia, dividir a los ciudadanos y debilitar a la sociedad con el objetivo de asumir un poder sin límites y sin control».

La vicepresidenta ha afirmado que «llevaron ese fanatismo cuasi religioso hasta tal punto que hicieron creer a algunos catalanes que vivían en una republica independiente cuando sus gobernantes mismos sabían que era imposible e inviable».

Tras recalcar que el Gobierno catalán liderado por Carles Puigdemont realizó actos «conscientes y deliberados» y, por tanto, «sujetos a responsabilidad». «¿O es que esperaban no tener que asumir ninguna? -se ha preguntado- ¿Acaso cree alguien que esas aspiraciones de Estado podían situarles al margen del Estado de Derecho?».

En este sentido, ha indicado que el Estado «reaccionó» asumiendo «su obligación» con «la ley y la política» aplicando el artículo 155 de la Carta Magna porque la «situación excepcional demandada una solución extraordinaria». Según ha dicho, era un precepto inédito porque «nunca un gobierno autonómico había llegado tan lejos ni hecho tanto daño».

La vicepresidenta ha denunciado el engaño a los catalanes porque la independencia «no iba a traer más prosperidad». Y ha asegurado que los planes independentistas «no tenían ninguna opción de cumplirse» y «la mayor parte de las estructuras de Estado eran únicamente anotaciones de agenda».

«Lo que el secesionismo daba por hecho en público no tenía nada que ver con lo que daba por imposible en privado. Más aún, mientras llamaban a algunos catalanes a salir a la calle, se llamaban entre ellos para admitir que no iban a ningún lado», ha aseverado, en alusión a las anotaciones que recoge la Moleskine de Josep María Jové, ‘número dos’ de Oriol Junqueras.

Sáenz de Santamaría ha afirmado que lo ocurrido en Cataluña estos meses ha sido «el peor episodio de deslealtad» contra los catalanes que se pueden sentir independentistas porque les hicieron cree que era «casi una realidad» lo que «no dejaba de ser una representación, un episodio simbólico, un ‘fake’ en toda regla». Según ha dicho, ese ‘procés’ se basó en la «posverdad» y las «falsedades» no solo viajaban por la red «sino también en coche oficial»

A tres días para las elecciones catalanas, Sáenz de Santamaría ha dicho que se desarrollarán con todas las garantías y ha puesto el énfasis en la seguridad y normalidad que rodea todo el proceso. «Son las mismas personas de otros procesos, todo dentro de la normalidad y de los plazos previstos, desde el centro de recuentos y votos como la seguridad necesaria», ha afirmado.

De hecho, ha explicado que se ha hecho una simulación del escrutinio de las catalanas, que se completó «sin incidencias», y ha calificado de «infundadas» las dudas que se ha «tratado de sembrar por algunos, que prefieren cuestionar el proceso por lo que pueda deparar el resultado de las urnas».

En su comparecencia, Sáenz de Santamaría ha hecho un repaso de los acuerdos aprobados en estas semanas por el Consejo de Ministros en virtud del 155, como la liquidación del Diplocat el pasado viernes, «un consejo de la diplomacia de Cataluña financiado casi en exclusiva por la Generalitat con la finalidad de hacer campaña en el exterior por la secesión».

También ha recordado las delegaciones abiertas en todo el mundo por el exGovern de Puigdemont para lograr «algún apoyo externo» al procés. Ha repasado las delegaciones cerradas en numerosos países que ha supuesto un ahorro a los catalanes ante el «bochorno» que suponía mantener esas sedes que «costaban más de 10 millones de euros mientras se cerraban plantas enteras de hospital» o no se pagaban plazas de guarderías.

De la misma manera, ha dicho que el Consejo de Ministros acordó el viernes dejar sin efecto la Agencia Tributaria catalana, que, según ha dicho, «ponía en peligro los datos confidenciales de todos los contribuyentes» y carecía de «legitimidad» para esas funciones. En este tiempo, ha proseguido, también se han pagado «más de 1.500 millones a proveedores».

Finalmente, Sáenz de Santamaría ha puesto en valor la labor que han realizado los funcionarios, que están comportándose con «lealtad» y «profesionalidad». Según ha añadido, la gestión de los servicios públicos ha vuelto a «ser lo normal y lo prioritario».

«El artículo 155 ha servido para evitar el profundo debilitamiento que el independentismo estaba provocando en Cataluña y demostrar la fortaleza del Estado de Derecho», ha manifestado, para concluir que están demostrando «rigor, responsabilidad y respeto a la tradición institucional en Cataluña y a la libertad de todos los catalanes».