Vivimos bajo la égida de un gobierno tan acostumbrado a ganar que no se resigna a perder, ni a gobernar desde el diálogo, ni tan siquiera lo contempla como escenario, aunque para ello tenga que torcer los caminos, dilatar indefinidamente, o acelerar, alternativamente, los tiempos, o incumplir sentencias, interpretarlas torticeramente, o embridarlas hasta que terminen por no decir lo que decían.

Mariano, que pasará a la historia con minúsculas como el Indolente, se ha convertido en un maestro en estas lides. Hasta las gracias de sus plasmas, sus andares, sus bailes y sus lapsus verbales, parecen formar parte de este plan premeditado, cuyo último epígrafe consiste en “hacerse el bobo”. Y que nadie entienda esto último en demérito del ufano Presidente, dados los jugosos réditos electorales que le producen.

Alumna meritoria de esta exitosa escuela política parece ser la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien, tras haber puesto en marcha una reforma de la Formación Profesional para el Empleo (FPE), que ha destrozado el preexistente (e indudablemente mejorable) sistema español de formación permanente de los trabajadores y trabajadoras, sin sustituirlo por otra cosa que no sea la mera improvisación, la chapuza, el clientelismo y la persistencia de los males anteriores.

Para empezar, la convocatoria de subvenciones del Plan de FPE para el año 2014, terminó siendo anulada por la Audiencia Nacional, por ser “disconforme” con el ordenamiento jurídico, al privar a los empresarios y a los representantes de los trabajadores y trabajadoras de su derecho a la participación en los informes sobre las propuestas de subvenciones. Es decir, no poder conocer, ni informar las propuestas de subvención. Con la disculpa de no ser jueces y parte, ahora no son ni lo uno ni lo otro.

En el año 2015, para empeorar las cosas, no se convocaron subvenciones, lo cual no significa que no se ejecutasen las partidas asignadas a la Comunidades Autónoma, especialmente para formación de personas desempleadas, o los fondos dedicados a formación bonificada por parte de las empresas, aunque se ha notado un menor interés de las mismas por embarcarse en una maraña reguladora que, en muchas ocasiones, obliga a devoluciones de cantidades y complejos procesos administrativos. Son los fondos gestionados directamente por el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), los que dejaron de ejecutarse.

Las estimaciones de fondos aprobados y no ejecutados, procedentes de las cuotas de formación, que ingresamos en la Seguridad Social quienes trabajamos y las propias empresas,  alcanzan ya casi 1.100 millones de euros, que no se han reanualizado, ni han sido reutilizados en sucesivos presupuestos, según estimaciones de CCOO.

En cuanto a la convocatoria de subvenciones para 2016, lo más triste es que fue publicada, de nuevo, sin acuerdo con quienes, según la ley, son los protagonistas del sistema y beneficiarios de mismo: las empresas que necesitan cubrir necesidades formativas y los trabajadores que necesitan de la formación para encontrar empleo, para consolidarse en el mismo, para promocionar, o para encontrar un empleo más satisfactorio. Para las empresas, la formación es una necesidad, para quienes trabajamos es también una necesidad y, además, un derecho individual y personal.

Así las cosas, las organizaciones empresariales y sindicales volvieron a recurrir la convocatoria ante los tribunales y son esos tribunales los que, de nuevo, se pronuncian duramente contra las decisiones del Gobierno. La libre concurrencia que propugna el gobierno, no puede entrar en contradicción con la participación empresarial y sindical en el gobierno del sistema. La convocatoria no contó, por ejemplo, con el informe preceptivo de la Comisión estatal de FPE, en la que están presentes la Administración de Empleo, los agentes económicos y sociales y las Comunidades Autónomas.

Tampoco el gobierno ha corregido la expulsión de organizaciones sindicales y empresariales de las comisiones (llamadas órgano colegiado) donde se informa (aunque no se decide) sobre las solicitudes que se han presentado a la convocatoria. Es precisamente esta reiterada exclusión, la que ha motivado que los tribunales vuelvan a condenar al gobierno por exclusión de los agentes sociales del órgano colegiado establecido por la convocatoria 2016, como ocurría en la anterior sentencia.

La ley es muy clara, reconocen los Tribunales de Justicia. Los empresarios y los sindicatos tienen que participar en la planificación y aprobación de las acciones formativas, así como en su concreción y control de su ejecución y en la evaluación de la adecuación a la normativa, la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de los fines. Algo que ha obviado claramente un gobierno que prefiere actuar sin testigos.

Los Tribunales van más allá, indicando al gobierno que el hecho de poder hacer una norma que establezca la composición de los órganos colegiados no le permite actuar de manera arbitraria. No se puede incluir, o excluir, caprichosamente, a los interlocutores sociales, del órgano colegiado que informa las propuestas de subvención. Una decisión que los jueces estiman no tiene justificación alguna y además perturbadora. Para colmo y, dando un zasca final al ministerio de Empleo, califican su actuación como “desviación de poder”, entroncada con el abuso de derecho, al actuar de manera espuria y sin justificación alguna.

Y me pregunto, llegados a estos extremos, que si el gobierno es competente para exigir el cumplimiento de leyes y sentencias, no es posible que al mismo tiempo ese mismo gobierno tenga bula para incumplir leyes, e inaplicar sentencias, de forma reiterada. Nadie debería olvidar que la función de un gobernante es cumplir y hacer cumplir las leyes. Los votos electorales no habilitan para hacer cosa distinta. Conseguir victorias pírricas aplicando el filibusterismo y la patente de corso con las leyes y las sentencias, no puede conducir a otro sitio que a una derrota final, no de Rajoy, sino de la Formación Profesional para el Empleo en este país.